Las imputaciones se corresponden con las presuntas irregularidades que se sucedieron en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del municipio castreño, así como en la venta de las viviendas pese a la ilegalidad de las construcciones.

Entre los imputados se encuentran concejales de las corporaciones de las legislaturas 1999-2003 y 2004-2007, junto con el ex secretario municipal, algunos técnicos del Ayuntamiento, y responsables y técnicos de las empresas que edificaron en esta zona.

El juez Luis Acayro desglosa cada una de las imputaciones en un auto de 60 páginas con el que pone fin a la instrucción de este caso y acuerda la apertura de procedimiento abreviado. Ahora, la Fiscalía y las acusaciones particulares tendrán diez días de plazo, desde que reciban la notificación, para presentar escrito de acusación —lo que implicaría la apertura de juicio— o pedir el sobreseimiento de las actuaciones.

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