Entre los imputados, ocho de ellos de origen chino, hay responsables de comercios y de consultorías y gestorías, principalmente de Gijón y Oviedo. La Fiscalía imputa a los procesados un delito contra los derechos de los ciudadanos, en concurso con uno de falsedad de documento público y otro de falsedad de documento oficial. Paralelamente, la Acusación Pública interesa que se instruya un proceso contra una de los imputados por obstrucción a la Justicia.

Según el informe fiscal, los procesados se dedicaban a la inmigración clandestina. El 'modus operandi' era siempre el mismo, se solicitaba en la República China trabajadores para empleos inexistentes, como subterfugio para la entrada ilegal en el país a cambio de una prestación económica. También algunos pagaron para iniciar el proceso de normalización de extranjeros.

Asimismo, los que accedían a estas solicitudes de empleo acababan trabajando en locales propiedad de algunos acusados o en los que tenían participación accionarial directa o que la controlaban.

Fruto de las investigaciones se comprobó que algunos particulares que ofertaban los empleos no tenían solvencia económica como para asumir los salarios de los posibles trabajadores, o eran empresas endeudadas o que habían cesado o no habían iniciado la actividad e, incluso, algunas no tenían centro de trabajo.

Supuestamente, para los empleos que se ofertaban en China no había demandantes españoles o los nacionales no cumplían los requisitos exigidos, mientras que en otras ocasiones se rechazaba a todos los aspirantes enviados por el Servicio Público de Empleo.

Empleadas del hogar y dependientas

Entre los trabajos para los que eran contratados están los de empleada de hogar, dependientes, empleados de establecimientos hosteleros o de la construcción e incluso actores o modelos.

A este respecto, en el Consulado algunos ciudadanos chinos dijeron no saber para qué se les contrataba y reconocieron no tener experiencia en pases de modelos o actuaciones en cine y televisión y, de hecho, no hablaban ni español ni siquiera inglés. Además, las empleadas de hogar internas estaban empadronadas en un domicilio distinto al de su trabajo.

Asimismo, pese a que el procedimiento seguido para la entrada en España de los extranjeros obliga a que ejerzan la actividad para la que fueron contratados al menos un año y en el mismo lugar, muchos eran destinados a otros trabajos y a veces a otros sitios. Los permisos de residencia eran posteriormente renovados.

El informe fiscal apunta que los acusados actuaron en connivencia con gestorías o asesorías que tramitaban las solicitudes y que, a través de un sistema informático del Principado, conseguían eludir el control directo de la Tesorería. También los imputados gestionaban el pago de las cuotas a la Seguridad Social como si las abonaran los empleadores para dar a la situación "una apariencia de legalidad".