Así lo informó hoy, mediante un comunicado, el letrado de Matas, Rafael Perera, quien recordó que desde que la Fiscalía Anticorrupción inició la tramitación de las diligencias sobre el patrimonio de su patrocinado, puso en conocimiento de los fiscales, "en palabra y por escrito", la "plena" disponibilidad de Matas para personarse en Palma y aclarar "cuantas cuestiones fueren pertinentes".

Asimismo, el abogado aseveró que posteriormente manifestó "con reiteración" al magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 el "deseo" de Matas de comparecer y prestar declaración, por lo que al efecto tiene designado el domicilio de su despacho para facilitar su citación. Al mismo tiempo, recordó que ha hecho patente además la "contrariedad" del ex presidente por la lejanía de la fecha señalada para su declaración.

Castro citó a declarar a Matas como imputado por este procedimiento el 23 de marzo, a partir de las 10.00 horas, junto a su esposa María Teresa Areal, su cuñado y hermano de ésta, Fernando Areal, y el ex conseller del Govern, Bartomeu Reus.

Cabe recordar que el magistrado atribuye al ex jefe del Ejecutivo los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fiscal y electoral, tal y como consta en el último auto que dictó para autorizar en Nochebuena la entrada y registro de la vivienda que Matas tiene en el casco antiguo de Palma, conocida como palacete.

Seis meses de diligencias

Fue la Fiscalía Anticorrupción de Baleares la que inició la investigación sobre el patrimonio de Matas tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda e incluso agentes de la Guardia Civil de paisano recorrieron varios establecimientos en los que Matas habría comprado el mobiliario para este piso. Asimismo, el pasado 6 de noviembre la Policía Nacional y el Instituto Armado registraron tanto el palacete como la vivienda que Matas tiene en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid.

Sin embargo, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, renunció a prorrogar la investigación, denominada Operación Buckingham, tras agotarse el plazo de seis meses durante los cuales la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo las pesquisas.

Pese a ello, Castro decidió el pasado 11 de septiembre incorporar las investigaciones sobre el patrimonio realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria al caso Palma Arena, que investiga una presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo de la capital balear, cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110.