La Confederación Española de Policía (CEP) defendió hoy la labor de los agentes de la Policía Nacional que cargaron ayer contra un grupo de personas que se habían concentrado junto a El Corte Inglés en Pamplona, ya que, los manifestantes "impedían la entrada" al centro comercial y algunos ciudadanos que querían realizar sus compras "tuvieron que sufrir insultos, gritos y amenazas". Según la CEP, la carga policial "puso fin a dos horas de hostigamiento a la ciudadanía pamplonesa".

En un comunicado, la organización aseguró que la actuación policial respondió "a los criterios profesionales habitualmente empleados en estas situaciones" y destacó que "el responsable de la Unidad de Intervención Policial mantuvo durante dos horas un diálogo con representantes de alguna de las centrales sindicales para evitar que uno de los derechos a salvaguardar durante toda huelga, el de publicidad de la misma sin coacción alguna, no colisionara con otros igualmente protegidos en la legislación que regula esta materia (libertad de trabajo de quienes así lo decidan)".

En opinión de la CEP, en la jornada de huelga de ayer "se materializó una carga ajustada al principio de proporcionalidad, mediante el empleo de las defensas de los agentes y sin hacer uso de otros elementos más contundentes". "Se puso fin así a una situación que, a juicio de la Policía, desbordó el legítimo derecho sindical a informar sobre una huelga para entrar de lleno en la colisión con otros derechos ciudadanos de carácter similar o superior (derecho a trabajar, libertad deambulatoria, etcétera)", añadieron desde la organización.

Finalmente, pidieron a la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, que "siga asumiendo, en lo relativo a esta polémica, la función que legalmente tiene atribuida y respalde de forma inequívoca una intervención policial proporcionada y ajustada a Derecho, tanto por los medios empleados, como por el tiempo durante el que se intentó poner fin a esa situación tensa de forma pacífica, y que sólo buscó la defensa de las libertades de todos los ciudadanos pamploneses".

"Los derechos deben coexistir -en un Estado de Derecho no puede ser más legítimo secundar una huelga que no hacerlo- y subordinarse al criterio de la legalidad y no al particular e interesado de una organización sindical", concluyó la CEP.