El PNV de Barakaldo acusó hoy al equipo de Gobierno local, gobernado por el PSE-EE, de practicar "una política urbanística kamikaze" y le responsabilizó del "retraso que pueda producirse" en el Plan Especial de Renovación Urbana de la manzana comprendida entre las calles Francisco Gómez, Avenida de Miranda, La Bondad y Castor Andetxaga. Asimismo, aseguró que si el informe del secretario municipal es favorable, apoyará el proyecto y reclamó la necesidad de contar con "seguridad jurídica".

La portavoz del PNV en la localidad vizcaína, Amaia Del Campo, lamentó que el pleno municipal celebrado ayer fue "uno de los más vergonzosos" de los últimos años, ya que, ante "el bochornoso espectáculo de ver cómo la Justicia ha dictado tres sentencias contra el Ayuntamiento por incumplir la normativa urbanística vigente, lejos de que les salieran los colores a los responsables socialistas y de que pidieran perdón por las molestias y el dinero que vamos a tener que pagar todos los barakaldeses, nos encontramos con la actitud desafiante y faltona de un crecido concejal de Urbanismo".

A su entender, la política urbanística que desarrolla el PSE en el Ayuntamiento es "sumamente preocupante". En este sentido, reclamó la necesidad de "estar seguros al 100% de que todas y cada una de las actuaciones a desarrollar desde la administración local se van a hacer con todas las garantías y de acuerdo a la normativa vigente".

"No queremos más sentencias en contra del Ayuntamiento y, mucho menos, que nuestros vecinos sean los paganos de los desmanes urbanísticos de los socialistas", añadió el PNV, que explicó que por este motivo solicitó ayer que quedará sobre la mesa la actuación urbanística prevista entre las calles Francisco Gómez, Avenida de Miranda, La Bondad y Castor Andetxaga, "hasta que el secretario municipal emita un informe que certifique que el proyecto, tal y como se ha planteado, es viable".

Además, la edil vizcaína consideró que es preciso aclarar "qué se va a hacer, y cuánto va a obtener o a tener que pagar cada una de las partes".

Tras confiar en que "cuanto antes" pueda disponerse del informe del secretario municipal para que "podamos estudiarlo y el proyecto se presente de nuevo a su aprobación en el próximo pleno municipal", explicó que su grupo apoyará este proyecto si el informe es favorable.

Aunque dijo entender el posible "malestar" de los vecinos que están a favor de la operación urbanística, aseguró que todos los grupos que apoyaron ayer la propuesta del PNV buscan "la seguridad jurídica de esos vecinos".

"PNV no quiere que se repita en San Vicente la misma situación que están viviendo algunos de los propietarios de Ansio, a quienes el Ayuntamiento adjudicó unas cargas urbanísticas que debían correr por su cuenta. Ahora esos vecinos de Ansio se encuentran con sus cuentas bancarias embargadas, porque el Ayuntamiento les obliga a correr con unos gastos que no tienen nada que ver con los que contemplaban al inicio de la operación urbanística", advirtió.

Niegan el informe

De este modo, recordó que su formación "lleva tiempo pidiendo ese mismo informe que ahora se va a realizar, y paulatinamente se le ha negado". Tras cuestionar "a qué viene esa negativa" si los responsables municipales "no tienen nada que ocultar", afirmó que, "si ese informe se nos hubiera entregado cuando lo solicitamos, no habríamos desaprovechado la ocasión de ayer para poner en marcha el proyecto". Por lo tanto, añadió, "el único responsable de un posible retraso es el equipo de gobierno".

En este sentido, opinó que "lo fácil habría sido seguir el planteamiento del equipo de Gobierno y aprobar el proyecto tal y como nos lo presentaron ayer", pero "queremos estar totalmente seguros". "Y lo que nos presentaron ayer para su aprobación no nos ofrece ninguna tranquilidad, máxime cuando algunos de esos informes han sido ratificados por las mismas personas, que han firmado los tres proyectos contra los que ha sentenciado la Justicia por incumplir la normativa urbanística", apuntó.

De este modo, insistió en la necesidad de que no "vuelvan a surgir problemas dentro de un tiempo", que puedan "repercutir no sólo económicamente contra nuestros vecinos, sino que puedan provocar una demora en la espera para poder disfrutar de sus nuevas viviendas".