La 'trama eólica' y 'Faycán' podrían ser juzgados durante el próximo añoEl ex alcalde de Valle Gran Rey (La Gomera), primer aforado en ser condenado por el TSJC

El 2010 será el año en que se juzguen los principales casos de presunta corrupción en Canarias abiertos por los tribunales, que se han saldado, de momento, con la imputación de más de 200 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, según datos recopilados por Europa Press.

Uno de los casos más polémicos y cuyo juicio podría celebrarse en el primer cuatrimestre de 2010 es el conocido como 'trama eólica' vinculado a supuestas irregularidades en la convocatoria de un concurso eólico en el archipiélago, y que se inició con la detención de siete personas el 8 de febrero en 2006.

El Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria ordenó en marzo de este año la apertura del juicio oral contra los 6 principales imputados: el ex director general de Industria del Gobierno regional Celso Perdomo (PP), y su novia, la funcionaria del Cabildo grancanario Mónica Quintana, el ex jefe de área de Industria, Honorato López, y los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. El 'caso eólico' ha pasado a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento por un Tribunal del Jurado.

A ello se suma el caso más antiguo de presunta corrupción en las islas, 'Icfem', que se inició hace más de una década y por el que están imputados cinco ex directores generales del Ejecutivo regional.

Por otro lado, el juez Javier García dictó un auto en mayo de 2009 por el que transformó en procedimiento abreviado las diligencias del 'Caso Faycán', de forma que cerró la causa con 38 imputados —12 de ellos cargos públicos— y tras más de tres años de investigación del presunto cobro de comisiones ilegales durante el anterior mandato local en Telde (Gran Canaria), de PP y Agrupación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca).

También en Gran Canaria continúa pendiente de resolución judicial la 'Operación Brisán' sobre corrupción municipal y urbanística en Santa Brígida con una decena de imputados.

La 'Operación Unión', que investiga una supuesta red de corrupción urbanística y de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarot, arrancó el 25 de mayo y ha dejado por el momento 35 imputados. De los 20 detenidos en la operación, siete de ellos ingresaron en prisión, aunque los últimos en quedar en libertad han sido el empresario Luis Fernando Lleó y el ex presidente del Cabildo y fundador histórico del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín.

El caso de presunta corrupción más reciente en el archipiélago ha afectado al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, del PIL, que ingresó en prisión el 4 de octubre y quedó libre a mediados de diciembre. Su mujer y tres de sus hijos quedaron también en libertad con cargos.

Las teresitas

La compraventa del frente de playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife sigue abierta y ha generado varios casos. El primero fue un contencioso administrativo que dio la razón a la Coordinadora de El Rincón, un colectivo ecologista, reconociendo que la transacción fue incorrecta al no contar con tasación municipal, entre otros argumentos.

Este recurso se resolvió pero en 2005 otro colectivo apoyado por socialistas, Insula Viable, denunció ante Fiscalía Anticorrupción "un pelotazo" en el frente de playa con la compraventa del litoral por 52 millones de euros, una compensación urbanística y en altura de unos terrenos agrícolas (El Valle de Las Huertas) y cuyos 'propietarios' denunciaron que no les habían pagado; así como detalles de la compraventa como que una entidad financiera otorgó en 48 horas un préstamo de 33 millones.

Hay 16 imputados, entre los que destaca el alcalde, Miguel Zerolo (CC), por presunto cohecho, prevaricación y malversación de fondos. También lo están el ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo, el gerente de Urbanismo, José Tomás Reyes, el portavoz del grupo socialista en el momento de la compraventa, Emilio Fresco, el del PP, José Emilio García Gómez y los empresarios de Inversiones las Teresitas que vendieron Antonio Plasencia e Ignacio González, la mayoría acusados de malversación de fondos.

En 2008, también en Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza presentó la primera denuncia por la construcción de unos aparcamientos en dominio público. Se sumaron luego el PSOE y la Plataforma de Amigos del Litoral de Anaga. En este caso están imputadas unas 8 personas, entre ellas, el ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo, la concejala actual Luz Reverón, así como técnicos y funcionarios municipales.'

Caso arona'

Desde junio de 2009 han sido imputadas 34 personas en el 'Caso Arona', entre ellas el alcalde, José Alberto González Reverón (CC), varios concejales del anterior mandato y de éste, además de empresarios, funcionarios, técnicos y arquitectos acusados de más de 70 delitos, entre los que figuran prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Otro caso en Tenerife es el Plan Parcial de El Varadero en El Rosario en un espacio protegido por el Plan Insular de Ordenación y que saltándose los trámites ha llevado ante los tribunales a 13 personas, como el alcalde, Macario Benítez (PSC-PSOE), y miembros de su corporación así como funcionarios y técnicos. La denuncia fue presentada por IR-Los Verdes el 9 de abril de 2007.

En Tazacorte (La Palma) hay varios frentes abiertos por la construcción de un edificio. El más llamativo es la causa penal abierta por el juzgado de Los Llanos de Aridane donde hay 32 imputados, entre ellos, el viceconsejero de Ordenación del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, por autorizar la construcción del inmueble en un suelo que no era urbano tal como ha señalado el Tribunal Supremo. La Dirección General de Costas mantiene además un litigio abierto para ampliar a 100 metros el deslinde del frente marítimo.

Expedientes archivados y condena a un aforado

Uno de los aspectos judiciales más novedosos de este año 2009 ha sido la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena a 4 años de prisión y a 10 de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público al diputado de Coalición Canaria (CC) por La Gomera en el Parlamento regional y ex alcalde de Valle de Gran Rey Esteban Bethencourt por malversación de caudales públicos. Se convierte, así, en el primer aforado en la historia del archipiélago en ser condenado tras ser considerado culpable por un tribunal popular.

En Canarias ya han sido archivados diversos casos, como la denuncia por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental contra el concejal de San Bartolomé de Tirajana Francisco Guedes y el ingeniero Alejandro Moreno.

Asimismo, en marzo de este año se archivó la causa abierta contra el alcalde de Mogán, Francisco González (PP), a raíz de la denuncia presentada por la celebración de una rueda de prensa en un hotel de la capital grancanaria para dar su versión sobre su imputación en el 'caso Góndola'.

El TSJC condenó en abril de este año al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín a un año y seis meses de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por actividades prohibidas a los funcionarios públicos por favorecer a un narcotraficante.

En julio de este año el TSJC dictó un auto en el que archivó definitivamente el 'caso salmón', en el que figuraba como imputado por presunto cohecho el presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, además del secretario general del partido, Manuel Fernández, como supuesto cooperador necesario de cohecho. También fue archivada la querella contra la presidenta de CC y ex alcaldesa de La Oliva (Fuerteventura), Claudina Morales, que estaba imputada por presunta prevaricación por las 'Casas de Majanicho'.