El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó hoy que el Ejecutivo central está dispuesto a ser "flexible" con los 'chiringuitos' de Pinedo y El Saler "si aportan una alternativa" que no sea exceptuarles de la aplicación de la ley. "Hasta ahora —agregó— es la única que han planteado".

Peralta se pronunció en estos términos en una rueda de prensa en la que hizo un balance de las actuaciones del Gobierno en la Comunitat en 2009, tras ser preguntado por la valoración de los empresarios de que la aplicación de la ley de Costas a partir del 1 de enero supondrá la pérdida de unos 200 empleos en ocho establecimientos, seis en Pinedo y dos en El Saler.

Al respecto, reiteró que "el mantenimiento del empleo no es un requisito para conceder licencias ni para retirarlas", sino "una responsabilidad exclusiva de los empresarios". Por tanto, afirmó que no entendía que se "utilice" este argumento "para intentar conseguir que Delegación cambie su criterio, que es el cumplimiento de la ley".

Recordó, en este sentido, que esta idea se la han transmitido a los hosteleros, al igual que les han dicho que el Gobierno está dispuesto a "ser flexible" en la interpretación de la norma, aunque le gustaría saber "cuál es su alternativa", ya que, hasta ahora, "la única ha sido la de exceptuarles de su aplicación".

Sin embargo, matizó que "pretender que el Gobierno haga excepciones generalizadas de la ley no es un planteamiento admisible en cualquier sociedad democrática" porque una norma "es una expresión de la voluntad ciudadana".

Además, puntualizó que tanto los 'chiringuitos' de Pinedo como los de El Saler saben "especialmente" que desde el principio, sus concesiones "tienen una superficie por encima de la legal" —que es 150 metros cuadrados (m2)—, porque "ya se hizo una interpretación flexible de la ley", y disponen, en la actualidad, de terrazas de hasta 150 m2 más.

Postura que "no cabe"

A pesar de esta situación "de la que disfrutan hoy", la posición que mantienen es que estas concesiones "no tengan ningún límite más allá del que demande su propio negocio", y esto es una postura "que no cabe en un ordenamiento".

Reiteró que los hosteleros saben que "están utilizando superficies que desbordan los límites, por lo que es necesario alcanzar acuerdos que avancen en el respeto a la legalidad, y que les permitan continuar desempeñando con normalidad su actividad, porque es la voluntad del gobierno, con una interpretación flexible, más amplia".

Preguntado por si había hablado con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, sobre este asunto, afirmó que no, aunque ambos, según dijo, "compartimos una filosofía de avanzar en el cumplimiento de la ley".

Así, afirmó que no considera "adecuada" una posición "que encabece una rebelión contra una ley, y mucho menos por parte de una administración". En este punto puso como ejemplo la recogida de firmas por parte de una concejal del Ayuntamiento de Valencia.