La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (GMU) reitera en una nota de prensa su rechazo a los argumentos esgrimidos por la Plataforma contra el Plan General de Ordenación (PGO) y vuelve a manifestar que las viviendas de la capital que se encuentran 'fuera de ordenación', no están en situación ilegal, ni sus propietarios se hallan sometidos a una supuesta pérdida de derechos sobre sus respectivas casas.

La Corporación municipal aclara que la figura jurídica 'fuera de ordenación', viene sobrevenida de la aprobación del PGOU de 1992 y no representa ninguna amenaza para los derechos adquiridos y consolidados por los propietarios de viviendas que fueron construidas legalmente con la oportuna licencia expedida en su día por la GMU.

El Ayuntamiento recuerda, "frente a quienes intentan engañar a los vecinos de esta ciudad, que el derecho de propiedad reconocido por la Constitución no puede ser vulnerado por ninguna ley, ni norma de inferior rango y que, consiguientemente, la situación de viviendas bajo la denominación citada no representa amenaza alguna para la pervivencia de estas edificaciones, ni para cuantos derechos de compra, venta, alquiler o realización de obras de reforma o mantenimiento deseen acometer sus legítimos propietarios en cualquier momento".

Como han comentado abogados y expertos en urbanismo, la revisión de los planeamientos origina este tipo de fenómeno en todos los municipios del Estado. Tal es así que Santa Cruz defendió un modelo de crecimiento en altura que nunca vio frenado su desarrollo a través de la edificación de viviendas legales que, en la realidad, superaron las alturas mínimas autorizadas en su momento por el PGOU de 1992.

La GMU lleva una a la tranquilidad a la conciencia de los vecinos, legítimamente preocupados por quienes se oponen a toda señal de progreso y prosperidad de Santa Cruz y de toda la isla de Tenerife.TRANQUILIDAD

El pleno del Ayuntamiento, convocado para mañana deberá debatir y aprobar, en su caso, el contenido de un documento "de vital importancia para el futuro de la capital tinerfeña". El PGO que se quiere aprobar ha sido, según la Corporación, el más discutido, divulgado y consensuado de toda Canarias. Ha pasado por más fases de exposición pública que ningún otro de las islas y aceptó hasta el 93 por ciento de las alegaciones de los vecinos que quisieron hacer valer sus opiniones y que vieron sus intereses reconocidos.

La GMU reitera que la campaña contra el PGO de Santa Cruz tiene un origen político ajeno al interés de los ciudadanos. Y que es responsabilidad de la corporación municipal aprobar, de una vez por todas, un documento que traerá oportunidades de negocio a las empresas de la construcción y a muchas otras y redundará en beneficio del trabajo de millares de operarios de la construcción que están sufriendo los terribles efectos de la crisis económica.