Las obras del nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que comenzaron en diciembre de 2006 y supondrán una inversión total aproximada de 80 millones de euros, van "a buen ritmo" y concluirán a finales de 2010, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional, que aseguraron que los trabajos "no van a sufrir recortes" en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año.

Está previsto que la mudanza se desarrolle durante el primer trimestre de 2011, según añadieron las mismas fuentes, que recordaron que dicha infraestructura se construye en el solar del demolido Colegio Castilla, sobre una superficie útil de 12.886 metros cuadrados, lo que dará lugar a un edificio cercano a los 82.000 metros cuadrados, dado su diseño de estructura horizontal y vertical.

La ejecución del nuevo edificio judicial, cuyo plazo de finalización de obras concluye el 31 de diciembre de 2010, supondrá una inversión total aproximada de 80 millones de euros, de los que 72.483.552,40 corresponden a la licitación de las obras de construcción adjudicada a la UTE formada por FCC Construcciones S.A. y Hermanos Santana Cazorla S.L., y otros 7.248.355,24 a la reserva del 10 por ciento de liquidación.

En este nuevo inmueble, cuyas obras se iniciaron en diciembre de 2006, el Gobierno de Canarias contempla agrupar la totalidad de las jurisdicciones existentes en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria: Instrucción, Penal, Civil, Social, Contencioso-Administrativa y Especiales (Menores, Vigilancia Penitenciaria, Violencia sobre la Mujer y Mercantil), así como la totalidad de las Secciones de la Audiencia Provincial.

Cuatro torres comunicadas

La solución en ejecución contempla un edificio de dos plantas bajo rasante, tres plantas sobre rasante de uso común, unidas horizontalmente, y de cuatro torres en comunicación estrictamente vertical: una de ocho plantas, (Jurisdicción Penal), otra de cinco (Audiencia Provincial), otra de siete (Jurisdicción Civil), y otra de seis plantas (Jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa).

Además de las citadas dependencias, dispondrá de calabozos con esclusa de seguridad y acceso directo de los vehículos policiales; aparcamientos, con un total de 285 plazas para cubrir las necesidades de magistrados, jueces, fiscales, secretarios, médicos forenses y servicio oficial; cuarto de reconocimiento, dispuesto de tal forma que permite, por un lado, el acceso directo de los detenidos desde los calabozos y, por otro, de los ciudadanos que hayan de reconocerlos, así como dependencias policiales de custodia con control visual directo sobre los calabozos y la esclusa de seguridad de los aparcamientos policiales.

Asimismo, contará con espacios suficientes para archivo de documentación y depósito de piezas de convicción, dependencias ambas imprescindibles que permitirán "aliviar" la situación actual, según la administración autonómica.

Las plantillas previstas para el inmueble son de 950 funcionarios y personal laboral, 90 secretarios judiciales y 175 magistrados, magistrados-jueces y fiscales.

Acabar con la dispersión de órganos judiciales

La filosofía del edificio proyectado es, en líneas generales, la de aglutinar los órganos judiciales actualmente dispersos en trece ubicaciones diferentes (con unos costes de arrendamiento superiores a los 2,5 millones de euros anuales), y compartir servicios comunes, salvando las especificidades concretas de cada uno. Ello permitirá mejorar las condiciones de prestación del servicio público de la Justicia, facilitar la labor de los operadores jurídicos y reducir costes de funcionamiento.

En el diseño del edificio se ha tenido en cuenta, además, la previsión de crecimiento de los órganos judiciales (40 sobre la actual planta), por lo que se estima que el nuevo Palacio de Justicia de las Palmas de Gran Canaria superará los 50 años de vida útil en lo que respecta a este capítulo.

En el concurso de ideas para la redacción del proyecto de la sede de los órganos judiciales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, resultó ganador el equipo de arquitectos constituido por José Antonio Díaz-Sosa Saavedra, María Luisa González y Miguel Santiago.