La Junta de Castilla y León planteó al Gobierno de España en el documento con 35 nuevas propuestas económicas un "impulso a la competitividad" mediante la reestructuración y saneamiento del sistema financiero, el refuerzo de los mecanismos de financiación a empresas y Pymes con la colaboración de las administraciones central y regionales; y un pacto nacional por la vivienda.

Estas medidas figuran en el documento que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, envió el pasado miércoles al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, con el objetivo es "mejorar" el presentado por el Gobierno a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes y al que la Junta no apoyó porque, aseguraron sus representantes, no tuvo tiempo para valorarlo.

El texto enviado a Chaves y que fue hecho público hoy por la Administración regional se dirige a la búsqueda de un pacto político con "amplio apoyo parlamentario", un acuerdo social articulado con una "vigorosa concertación con agentes económicos y sociales" y, en tercer lugar, un pacto territorial para coordinar iniciativas del Estado y las Autonomías.

Así, una parte de las medidas busca también el impulso a la competitividad, pues a juicio del Gobierno de Castilla y León la "tardanza e indecisión" del Ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero para adoptar estas iniciativas tiene un "elevado coste" para España con un "menor crecimiento económico" y una mayor lentitud para la recuperación.

A este respecto, los representantes de la Junta inciden en que el restablecimiento del flujo de crédito hacia las familias y empresas se puede afrontar mediante un nuevo marco del sistema de funcionamiento de las cajas de ahorros. También se pide la colaboración del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ofrecer una "cartera adecuada de productos especializados que complemente la escasa oferta privada".

Otro de los puntos clave para mejorar la competitividad pasa, para el Gobierno castellanoleonés por otro pacto para la energía que incluya la reconsideración del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, el cumplimiento estricto del Plan del Carbón 2006-2012 en lo referente a fijar el mecanismo de incentivo para el empleo de carbón autóctono en las centrales térmicas; y la búsqueda de un "marco estable" para las energías renovables.

En este sentido se considera conveniente la llegada a un pacto más por la educación, que incluya un modelo de financiación de las universidades sustentado en un sistema objetivo de resultados que premie la relación universidad-empresa, la investigación científica de calidad, la disminución del fracaso universitario y la vinculación entre la enseñanza universitaria y las necesidades que demandan la sociedad y las empresas.

Además, se plantea el incremento los recursos presupuestarios públicos destinados a financiar la I+D+i, la cooperación estratégica de apoyo a la internacionalización, la creación de una política de Suelo Industrial ordenada, a través de SEPES y los órganos similares de las Comunidades Autónomas y el impulso de la realización de las actuaciones en infraestructuras previstas por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020.

En el documento, la Junta reiteró que la Conferencia de Presidentes del pasado 14 de diciembre "no estuvo a la altura que requerían los ciudadanos" y apostaron por un trabajo previo mediante las comisiones estatales y territoriales para alcanzar un acuerdo conjunto en los tres niveles ya señalados y que favorezca un nuevo modelo de crecimiento.

Contra el incremento de la deuda

En el caso del empleo, el Ejecutivo regional pretende que los asuntos se traten desde la Comisión de Directores Generales de los Servicios Públicos de Empleo. Entre sus propuesta figuran el impulso de un cambio estratégico en la formación, con el objetivo de mejorar la ocupabilidad e inserción de todos los desempleados, el fortalecimiento de la financiación de las políticas activas, estimular la participación de las empresas en el sistema de Formación Profesional a través de la creación de "aulas-empresas", y racionalizar el actual sistema de reparto de los fondos estatales finalistas para que no se discrimine a algunas Comunidades.

El texto continúa con la referencia al objetivo de buscar la estabilidad de las finanzas públicas, para lo que será necesaria la obtención de recursos financieros suficientes para que las autonomías cubran el coste de los servicios públicos que ofrecen y la adecuación del régimen de financiación local. También indicó el Ejecutivo dirigido por Juan Vicente Herrera que no apoya el incremento de la deuda pública.

Por ello, se proponen medidas de ingresos y gastos públicos que refuercen los principios de "eficiencia, austeridad y transparencia". Igualmente, se sugiere la potenciación del Consejo de Política Fiscal y Financiera para coordinar estas materias, controlar la masa salarial del funcionariado público, el respeto a la "lealtad institucional" para no cargar con nuevas competencias a las Comunidades, y la creación de un nuevo Grupo de Trabajo para analizar el gasto sanitario.

En cuanto a la política industrial, se incidió por parte de la Junta de Castilla y León en que se debe seguir el "ejemplo" de Francia, Alemania e Italia y en la persecución de acuerdos de trabajo conjunto entre el Gobierno y las autonomías como el alcanzado para el sector de la automoción en la región .

Más en concreto, se pide una plataforma estable para el diseño y compromiso con las políticas industriales sectoriales, establecer una coordinación estatal para incidir en la innovación, la formación, la internacionalización, la creación de empresas y las infraestructuras de soporte tecnológico; el impulso a la creación de clusters o asociaciones empresariales innovadores y el desarrollo de planes de reindustrialización rural.

En el documento también se repite la crítica de la Junta a la adaptación de la Directiva Europea del sector de comercio y servicios, pues las leyes derivadas de la transposición han llegado tarde e incluso una de ellas, la del comercio minorista, "no se aprobará hasta 2010". Así, pese a que la Administración regional manifestó su disposición a cumplir los plazos, incidieron en que no puede asumir la propuesta del Gobierno si él no ha solucionado el problema y que, como ya se reiteró, se garantice la armonización fiscal en todo el territorio.

Campo y medio ambiente

Del mismo modo, la Junta reprochó que el Gobierno señalara en la Conferencia del pasado día 14 que existe un consenso sobre la posición española frente a la reforma de la PAC, ya que no apoya la nueva reorientación de las ayudas que plantea el Gobierno, mediante la eliminación de los criterios históricos y uniformando en toda la UE una ayuda básica de igual importe para todos los agricultores.

Así, plantean, tras los encuentros mantenidos con las OPA de la Comunidad un plan económico y de financiación específica para el sector agrario y alimentario, que incluya mecanismos para la refinanciación de la deuda actual, la incorporación de beneficios fiscales, un marco estable que facilite las relaciones contractuales entre productores, industria y distribución, así como la financiación específica y coyuntural del circulante con un máximo de 15.000 euros por explotación agraria.

Por ultimo, sobre la Función Pública, añadieron la petición de que se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público, se acuerde la tasa de reposición de efectivos anual para reducir las tasas de temporalidad y se avance en el desarrollo de la Ley de administración electrónica.

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