Más de 355.000 cántabros, un 70,46% de la población, cree que los inmigrantes que cometan crímenes serios deberían ser obligados a marcharse, una cifra recogida en la Encuesta Social de 2009 que, sin embargo, es inferior a la registrada en 2007.

Por el otro lado, según los datos de esta encuesta elaborada por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) y recogida por Europa Press, 85.357 personas, un 16,91% de los preguntados rechazan que se obligue a marcharse a los trabajadores de otros países en esta situación.

De esta forma, un total de 297.884 personas (un 59,02%) se muestran "en total acuerdo" con la expulsión de los inmigrantes que hayan cometido crímenes, y otros 57.727 (un 11,44%) están "más de acuerdo que en desacuerdo" con esta medida.

La cifra entre los que apuestan por la expulsión es ligeramente superior entre las mujeres que entre los hombres (70,76% frente al 70,12%), mientras que la permanencia de los inmigrantes es una medida con mayor aceptación entre la población masculina que entre la femenina (un 18,06% que en el 15,82%).

Con todo, estas cifras son menores que las que se produjeron en 2007 en la Encuesta Social. En los últimos dos años, el porcentaje de personas que prefieren la expulsión de los inmigrantes que hayan cometido crímenes serios ha bajado 2,53 puntos, y, en paralelo, quienes optan porque permanezcan aquí ha subido un 1,92%.

Así, en ese año, apostaban por la expulsión un total de 366.787 cántabros, un 72,99%, una cifra que este año se ha reducido al 70,46% (355.611 personas), y elegían la permanencia 75.272 (un 14,.98%), dato que en 2009 se eleva a las 85.357 personas, un 16,91%.

Igualdad de derechos

De igual modo, aunque sigue siendo la posición mayoritaria entre la población, también ha bajado el porcentaje de personas que creen que quienes vienen a Cantabria deberían tener los mismos derechos que los demás.

Así, en 2007 compartían esta afirmación un total de 377.206, el 75,06% de los cántabros, pero el porcentaje baja en 2009 hasta el 70,67%, cuando la respaldan 356.709 personas.

Y en paralelo, hace dos años un 12,29% (61.251 personas) rechazaban que los inmigrantes tuvieran los mismos derechos, una cifra que ahora ha subido hasta el 13,39%, esto es, 67.545 cántabros.

Aportaciones a la economía

Asimismo, también se produce un descenso en el porcentaje de personas que creen bueno para la economía de la región que vengan personas de otros países a vivir y trabajar en Cantabria.

Aunque sigue siendo una opción mayoritaria que en 2009 respaldan el 47,92% de la población (casi el doble respecto al 24,10% que lo rechaza), el porcentaje disminuye respecto al año anterior.

Así, entonces se mostraban de acuerdo con los efectos económicos positivos de la presencia de inmigrantes un 50,97%, esto es, más de la mitad de la población de Cantabria. Pero dos años después, la cifra se reduce en tres puntos, quedando por debajo de la mitad de los habitantes.

De la misma forma, quienes rechazan las ventajas para la economía regional de los trabajadores y residentes de otros países son más ahora que hace dos años.

Los que comparten este tesis han pasado de representar el 21,45% de la población en 2007 a elevarse hasta el 24,10 en este año, según los datos de la Encuesta Social del ICANE en 2009.

En total, en 2007 defendían las aportaciones positivas para la economía de los inmigrantes 256.139 personas, —que ahora son 241.871— y las descartaban 107.815 cántabros, que suben dos años después hasta 121.660.