La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) informarán por escrito, a través de cartas, a los ayuntamientos andaluces sobre las modificaciones introducidas en la legislación autonómica en materia de comercio y turismo para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior.

Según indicó la Junta en una nota, el consejero, Luciano Alonso, y el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, se reunieron con el propósito de facilitar a todas las corporaciones locales de la comunidad la interpretación y aplicación de la norma europea, dado el protagonismo que les confieren las nuevas leyes tras su modificación por Decreto-Ley a cargo del Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 22 de diciembre.

Las variaciones producidas en la legislación autonómica se dirigen básicamente a simplificar trámites y procedimientos para la adecuación al objetivo europeo de consolidar un mercado libre de circulación transfronteriza de servicios y ofrecer a los consumidores mayor transparencia, más posibilidades de elección y unos precios más bajos sin perder el nivel de calidad.

En líneas generales, estos cambios suponen la sustitución de la autorización administrativa previa por declaraciones responsables o comunicaciones, la supresión de determinados requisitos y la garantía de libre acceso para prestadores de servicios ya establecidos en cualquier Estado de la Unión Europea.

En el caso de la Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía, la planificación ligada a la autorización previa de las grandes superficies comerciales dejará de estar fundamentada en la medición de la oferta y la demanda de una zona y pasará a regirse por criterios territoriales, urbanísticos y medioambientales.

La transposición de la Directiva europea implicará también la delegación a favor de los ayuntamientos de las actuales licencias autonómicas para grandes superficies superiores a 2.500 metros cuadrados, además de la agilización de los procedimientos administrativos a través de una ventanilla única.

Por su parte, la Ley 12/1999 del Turismo incorpora como principal medida la sustitución de la autorización para el inicio de la actividad turística por una declaración responsable del interesado ante la Administración autonómica que permita una posterior actuación inspectora. Así, la calidad de las prestaciones se garantizará no a través de autorizaciones previas, sino de inspecciones.

Según el acuerdo suscrito hoy, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha puesto a disposición de los ayuntamientos varios teléfonos de contacto y direcciones de correo electrónico a las que dirigirse para resolver cualquier duda que suscite la aplicación de la normativa tanto en materia comercial como turística.