Tribunales.- El colectivo de Castilleja afectado por la escuela de hostelería desecha personarse en la causa

El colectivo de vecinos de Castilleja de Guzmán (Sevilla) que reside en el entorno de la escuela de hostelería ha declinado la invitación del juzgado de Instrucción número 18 para personarse, como acusación particular, en la causa incoada contra el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), el arquitecto del Ayuntamiento y el redactor de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por un posible delito al ser edificado el complejo sobre dos parcelas declaradas de "espacios libres" según las normas subsidarias aprobada en 2001.

Fuentes del colectivo de vecinos de las calles Hermanos Álvarez Quintero, Hermanos Machado y Cervantes de este municipio aljarafeño señalaron a Europa Press que, finalmente, los vecinos afectados por este proyecto, quienes incluso han testificado en la causa, han desechado el ofrecimiento del juez instructor para personarse como acusación particular en las diligencias.

No obstante, las citadas fuentes señalaron que los vecinos, de todas formas, tendrán la posibilidad de personarse más adelante en las diligencias si así lo estiman oportuno, toda vez que dos de ellos comparecieron ante el juez en calidad de testigos a propuesta de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico.

La querella de la fiscalía

Según la querella, recogida por Europa Press, la Fiscalía se querella, en concreto, contra el alcalde, el arquitecto municipal Ventura V.V. y el arquitecto redactor del PGOU, Juan Carlos M.Z., así como todos aquellos que el 31 de enero de 2008 asistieron a la Junta local de Gobierno del Ayuntamiento y firmaron el acuerdo que concedía una licencia de obra a Mego S.A., para edificar una escuela de hostelería en suelos de los planes parciales uno y tres de dicho municipio aljarafeño.

Al respecto, recuerda la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico que las normas subsidiarias aprobadas en 2001 catalogaba estos suelos como "espacios libres", siendo "ilegal todo acto de construcción que contradijera tal uso", así como la superación del límite del 50 por ciento estipulado en cuando a la edificabilidad de estos terrenos.

Por eso, se querella la Fiscalía también contra los citados arquitectos, por emitir informes favorables al proyecto y avalar que la iniciativa no infringía las normas subsidiarias. Al respecto, esgrime el Ministerio Público el resultado de dos inspecciones cursadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyos técnicos consideran que "el uso docente de la escuela no está permitido en los terrenos donde se ubica" y que el porcentaje de suelo ocupado se eleva al 72,19 por ciento.

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