El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) reclamará el próximo martes al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma normativa por la vía "de urgencia" que dé seguridad jurídica a los contratos homologados para la compraventa de leche de vaca y sancione a las partes en caso de incumplimiento al igual que sucede en países como Francia. La organización exigirá, además, una modificación legal que permita a los ganaderos negociar de forma colectiva el precio de la leche.

En rueda de prensa, el secretario general de UU.AA., Roberto García, aludió al informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) —realizado en julio y difundido ayer—, que cuestiona la legalidad del acuerdo lácteo suscrito en julio por los agentes del sector, y consideró que el Ejecutivo central ha de elaborar un decreto de ley por el "procedimiento de urgencia" para que sea refrendado en el Congreso de los Diputados al entender que es más apremiante que, por ejemplo, la Ley de la TDT.

Todo, pese a señalar que la CNC "no puede concretar" que el pacto lácteo "sea ilegal", aunque reconoce, como apuntó, "serias dudas" de que no atente en la práctica contra la normativa en materia de Competencia.

"Es curioso que la industria cuestione la legalidad de algo que firma el Gobierno", manifestó para preguntarse por la razón que lleva a la CNC a difundir este informe ahora cuando lo elaboró el 29 de julio. También entendió que "no aporta nada nuevo" y lo encontró similar al que podría elaborar un empleado de Leche Río, Celta o Reny Picot —industrias que no suscribieron el acuerdo lácteo—.

Medida asequible "si hay voluntad política"

"Si hay voluntad política se puede resolver en un corto plazo", aseveró en referencia a esa base jurídica que su organización, a través de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), demandará al titular del Gobierno central con quien se reunirán los secretarios generales de este sindicato, Asaja, COAG y las cooperativas lácteas (CCAE) la próxima semana.

El objetivo de UU.AA. es introducir la situación actual del sector lácteo entre las cuestiones que se analicen en el encuentro y demandar, en primer lugar, que exista una normativa que dé un carácter "irreversible" a las relaciones contractuales entre ganaderos e industrias lácteas de forma que la CNC "no le dé permanentemente a la industria comodines para incumplir —el acuerdo lácteo—", reiteró.

Aparte de esa "legalización" de la negociación entre ganaderos y empresas lecheras, Unións Agrarias exigirá que ese decreto de ley establezca sanciones económicas a las partes cuando se produzca un incumplimiento de lo acordado.IMPRESCINDIBLE,

Negociar el precio

El responsable de la organización agraria entendió que otras de sus reivindicaciones, vinculadas a la modificación de las normativas de Comercio y de Márgenes Comerciales para dar capacidad a los ganaderos de negociar de forma colectiva el precio de la leche, pueden impulsarse durante la presidencia española de la Unión Europea. Así, apuntó que si en esos seis meses se finalizasen los trámites en este sentido la organización se daría por "satisfecha".

García consideró factible la introducción del precio en la negociación colectiva que realizan los ganaderos al recordar que 23 de los 27 estados miembros de la UE constataron en las últimos consejos de ministros de Agricultura comunitarios una "situación de fondo grave" en el sector lácteo europeo derivada de la desregulación de la OCM de este producto y la falta de mecanismos que den seguridad a los productores.

"El mercado de futuros del que se habló pasa por un mercado de contratos —homologados", aseveró y entendió que "sólo" hace falta "cambiar la legislación" dado que esta medida cuenta con el consenso del Congreso de los Diputados.

Pacto lácteo,

Duración anual o por campaña

También demandará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) la renovación del pacto lácteo sellado en julio por los agentes del sector y que establezca una duración anual o por campaña lechera —comienza el 1 de abril y concluye el 31 de marzo— en lugar de los tres meses actuales.

En esta línea, solicitará la aplicación el 1 de enero de la normativa que velará por la trazabilidad de la leche producida en España —el decreto de la Letra Q—, así como asegurar el cumplimiento de sus requisitos en el lineal de compra. Además, reclamará al departamento de Elena Espinosa que "articule" el reparto de 60 millones de euros en subvenciones por vaca de forma que esté ligado al pago único de la Política Agraria Común (PAC).

Presión selectiva al que incumple

García lamentó que los productores lácteos no hayan entendido el "formato" de las protestas protagonizadas por Ganaderos Unidos, aunque advirtió de que Unións Agrarias no cuestionó que las movilizaciones careciesen de relación con los problemas del sector ni afirmó que estuviesen vinculadas al intento de crear una "cuarta fuerza sindical".

También señaló que la solución de los problemas del sector ha de centrarse en realizar una "presión selectiva" sobre las industrias que incumplen el acuerdo lácteo y no en "desconocer" o "descalificar" las estructuras existentes —de las que recordó que representan a unos 13.000 ganaderos—.

Así, concluyó que Unións Agrarias no es culpable de que Ganaderos Unidos no haya logrado los objetivos de reunir a 2.000 personas en Santiago o su reconocimiento como interlocutor de la Administración.