El Gobierno de Aragón mantendrá la postura de no intervención con CAI y considera que la SIP "es una opción a estudiar"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, sostuvo hoy que el Gobierno de Aragón mantendrá la postura de no intervención en la situación de Caja Inmaculada (CAI) y consideró que recurrir a un Sistema Institucional de Protección (SIP) "es una opción a estudiar".

"El Gobierno va a mantener su posición de no intervención con las cajas, no nos puede pedir nadie que intervengamos porque no lo hemos hecho nunca y además los presidentes de las cajas han valorado positivamente siempre esta opción", informó.

En un desayuno de prensa con los medios en Zaragoza, Larraz explicó que CAI necesita aumentar su tamaño para afrontar el 2010 y 2011 con mejores posibilidades y que, para ello, esta es una opción que le permite mantener su nombre y Consejo de Administración, además de suponer una perdida de empleo mínima.

"Las otras opciones serían mucho peores. Si la absorbe otra caja pierde su nombre, su consejo y su localización y si la absorbe Ibercaja habría que enfrentarse a un Expediente de Regulación de Empleo y se superpondrían muchas oficinas. Mientras, con el SIP se inicia un proceso en el que les acompañaremos en la decisión que tomen", aseveró.

Larraz indicó que "el Gobierno es partidario de lo que sea partidario el consejo, y queremos que no se pierda su nombre, ni su obra social, ni su consejo y eso se puede hacer con el SIP" y señaló que "yendo sola tendría dificultades porque todo el mundo está buscando acompañamiento y los años 2010 y 2011 van a ser complicados y será necesario tener un buen tamaño".

El Consejo de Administración de Caja Inmaculada (CAI) destituyó al director general de la entidad, Tomás García Montes, y decidió aprobar la fusión 'virtual', a través del formato de Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias. El comité intercentros de CAI mostró su oposición al SIP argumentando que puede suponer la pérdida de empleos y que abre una puerta a la privatización.

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