El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto-Ley para la adaptación de 16 leyes andaluzas a la directiva europea de servicios en el mercado interior, entre ellas la Ley de Comercio interior de Andalucía, que contemplará a partir de ahora la delegación a favor de los ayuntamientos de las actuales licencias autonómicas para todas las grandes superficies comerciales, cualquiera que sea un extensión, si bien la administración autonómica elaborará, en consenso con agentes sociales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), un Plan de establecimientos comerciales que ponderará criterios territoriales, urbanísticos y medioambientales ante superficies de más de 2.500 metros cuadrados.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, explicó que la citada directiva europea obliga a un cambio radical en los contenidos de intervención administrativa en todos aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica y, en particular: la eliminación de la planificación de naturaleza económica ligada a la autorización previa de las grandes superficies comerciales; la instauración de la ventanilla única; la simplificación administrativa, y la prohibición de la participación de competidores, incluso dentro de los órganos consultivos, en la concesión de autorizaciones.

En este sentido, el proyecto de modificación normativa en la comunidad autónoma aborda, según apuntó, la trasposición de la directiva de servicios de modo "absolutamente ortodoxo", eliminando la licencia autonómica actualmente existente para acometer la simplificación administrativa y el establecimiento del principio de ventanilla única.

Al eliminarse la licencia autonómica (ocho meses de tramitación media), el promotor sólo tiene que solicitar la licencia municipal de obra, cuando es necesaria, para el establecimiento de una gran superficie minorista, eliminando la intervención de la administración autonómica por debajo de los 2.500 metros cuadrados.

Según el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, la Junta ha adaptado la directiva de modo "liberalizador", ya que "renuncia en todos los casos a la licencia comercial autonómica", delegando a los ayuntamientos la autorización de las grandes superficies minoristas por medio de la licencia municipal de obras, que engloba la licencia comercial, a través de un procedimiento único de autorización de grandes superficies minoristas en una ventanilla única.

La Junta regulaba hasta ahora los establecimientos comerciales desde los mil metros cuadrados y ahora los regulará a partir de 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta, liberalizándose totalmente el tramo entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados.

Alonso agregó que actualmente la licencia se sustentaba en una planificación económica fundamentada en la medición de la oferta y la demanda en una zona, que será sustituida por un Plan de establecimientos comerciales (que estará en un periodo de un año), ponderando, ante el caso de superficies de más de 2.500 metros cuadrados, criterios territoriales, urbanísticos y medioambientales para "cumplir los objetivos de la política comercial de cohesión y equilibrio territorial, ciudad compacta, cercanía y fácil acceso de la oferta comercial para los consumidores, previsión de la capacidad de la red viaria o conexión con redes de transporte público.

Según el consejero, la Unión Europea reconoce que los establecimientos mayores de 2.500 metros cuadrados tienen incidencia territorial y, por tanto, afectan a más de un municipio. Así, el Plan de establecimientos comerciales tendrá como objeto contribuir al emplazamientos eficiente de los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados, mediante el desarrollo de criterios o la determinación de ámbitos aptos para su localización.

De igual manera, al no introducirse plazo obligatorio para que el planeamiento municipal tenga que adaptarse a las determinaciones de la ley, no puede provocar jamás una moratoria. En este sentido, los promotores en cualquier momento pueden solicitar la licencia de obras con los mismos requisitos que para cualquier otra actividad y la obligación de adaptarse de los municipios se limita a los que aún no han iniciado la tramitación de su planteamiento y comiencen a hacerlo con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.

El consejero destacó que todos los informes preceptivos que se han emitido de organismos en relación con esta nueva regulación dan la "razón" a la Junta y ponen de manifiesto que se ha hecho un "buen trabajo" e insistió en que es algo "razonable" que la administración intervenga en cuestiones que tienen que ver con el territorio cuando se trate de superficies de más de 2.500 metros cuadrados.

Asimismo, se mostró seguro de que los ayuntamientos no van a tener "mayor carga" de trabajo, sino que van a acoger de "buen grado" esta nueva responsabilidad.