Según informó el ministerio público en un comunicado, el protocolo se firmó ayer, y funcionará como un complemento del suscrito por la Fiscalía General del estado y el Consejo General de la Abogacía el 1 de abril de 2009, en aplicación igualmente de la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General.

Este protocolo, cuya entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2010, tiene por finalidad potenciar el uso racional del instrumento legal de la conformidad en el proceso penal antes de darse inicio a las sesiones del juicio, para evitar las citaciones innecesarias de testigos y otros intervinientes en el proceso, agilizar los procedimientos judiciales y, en la medida de lo posible, racionalizar el gasto en la Administración de Justicia.

Una comisión dual de Fiscalía y el Colegio de Abogados efectuará un seguimiento de las conformidades alcanzadas conforme a este protocolo, elaborando un informe trimestral.