Dicho protocolo fue firmado además de por el alcalde de Getxo, Imanol Landa, por la Fiscal Jefe Provincial de Bizkaia, por la directora de Justicia del Departamento de Justicia y Administración Pública, por el comisario jefe de la Ertzainetxea de Getxo, por la vocal del Consejo Vasco de la Abogacía, por la directora gerente Comarca Uribe-Osakidetza, así como por la directora del Berritzegune de Getxo.

El Protocolo está basado en el II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, suscrito en la Comunidad el pasado 3 de febrero de 2009.

Tras agradecer la presencia y el trabajo realizado a las representantes de las diferentes instituciones y organismos presentes en el acto, el alcalde de Getxo resaltó que la firma del Protocolo constituye un "hito" en Getxo, en una materia tan fundamental como son las políticas dirigidas a "hacer frente a la fragante e intolerable vulneración de los derechos humanos que constituye la violencia hacia las mujeres".

Tal y como recoge el propio Protocolo, el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual son dos formas concretas de violencia contra las mujeres que se producen en todas las edades, grupos sociales, culturas y paisajes y supone un problema social "de enorme magnitud" debido a su incidencia en esta población, a la gravedad de sus secuelas psíquicas y físicas que se derivan de este maltrato y violencia, así como al alto coste social y económico que supone para toda la sociedad.

El alcalde manifestó que "la naturaleza de estas agresiones, y sobre todo el hecho de que se produzcan mayoritariamente en el contexto de una relación familiar o afectiva, y que tradicionalmente haya existido una amplia tolerancia social ante estas conductas, hace que las víctimas se encuentren en muchos casos en una situación de indefensión".

Por ello, consideró "fundamental articular una intervención multidisciplinar con la participación de todos los agentes implicados en el proceso de atención a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y violencia sexual, con el objetivo de mejorar su coordinación y de garantizarles una protección y atención integral en sus vertientes sanitaria, policial, judicial y social".

Las partes firmantes se han comprometido a adecuar su actuación al Protocolo en aquellos casos que pudieran ser constitutivos de infracciones penales; a difundir los contenidos del Protocolo entre el personal que dependa de los organismos firmantes; poner en marcha planes de formación y habilitar los recursos necesarios para garantizar la efectiva aplicación de los contenidos del presente Protocolo y a crear una Comisión de Seguimiento con el objetivo de mejorar la coordinación entre las partes firmantes y de hacer un seguimiento y evaluación de la ejecución de los contenidos del Protocolo.