Coercan inicia una campaña de recogida de firmas contra la apertura del comercio el día 3 de enero

La Federación del Comercio de Cantabria Coercan ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre todo el comercio de la región contra la apertura el día 3 de enero.

Coercan ha adoptado esta medida tras no haber obtenido respuesta de la Consejería de Economía a sus peticiones de reunión para tratar que no se permita la apertura de las grandes superficies el domingo 3 de enero. Las firmas serán entregadas al consejero, Ángel Agudo, con el fin de "demostrarle que la mayoría del sector se opone, en contra de su opinión, a dicho atropello", señaló la federación en un comunicado.

Además, Coercan entregará una circular a los comerciantes con toda la información recabada por esta federación sobre el proceso que ha llevado a la declaración del domingo 3 de enero como de apertura para las grandes superficies, y que va "desde la responsabilidad del consejero, pasando por la coartada utilizada por Agudo del apoyo de las cámaras de comercio y acabando con la connivencia necesaria de la Agrupación de Comerciantes del Centro, Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y Apemecac, que han defendido los intereses de las grandes superficies en lugar de los de sus asociados", denuncia.

A la federación le resulta "curioso" el caso de las cámaras de comercio, porque, dice, "argumentar que se les ha consultado y que apoyan esta decisión es, cuanto menos, tratar de confundir a la opinión pública" puesto que, señala Coercan, "a las cámaras no se les puede consultar nada porque no pueden negociar nada y, por esa razón, no participan ni en los convenios colectivos ni en la concertación social". Además, la federación recuerda que las cámaras están supervisadas por el Gobierno de Cantabria, "por lo que su independencia es nula", dice.

Finalmente, Coercan advirtió al consejero que las acciones "de defensa de los intereses del comercio" continuarán "mientras que siga ignorando el clamor de un sector que pide a gritos que no se le hunda con una decisión arbitraria, injusta, y que ya supuso el año pasado millones de euros en pérdidas y el cierre de muchos establecimientos, al tiempo que dejó pingües beneficios en grandes empresas radicadas fuera de Cantabria".

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