En declaraciones a Europa Press, Falero afirmó que el auto es "legal pero injusto" porque "no beneficia ni a los trabajadores, ni a la empresa" debido a que mediante el plan global se establecía "un cese ordenado de la actividad" y ahora con la aceleración del proceso "se podría incluso asfixiar a la empresa".

En este sentido, explicó que en el acuerdo global se incluían "los intereses de los trabajadores, de la empresa, de los ecologistas y del Ministerio de Medio Ambiente", por lo que lamentó que "el auto no tenga en cuenta el consenso alcanzado".

Asimismo, Falero destacó que "la empresa necesita adaptarse a la producción sin ácido fosfórico", por lo que el auto de la Audiencia Nacional es "asumible" en el resto de condiciones, pero quiso dejar claro que "ese adelanto es todo un mazazo por lo que es probable que la empresa presente un recurso de súplica".

Además, Falero afirmó que "la empresa puede asumir el aval de 21,9 millones que le exige el auto para los trabajos de regeneración de las balsas de fosfoyesos, que deben iniciarse de forma inmediata, así como la no reapertura de nuevas balsas", pero el adelanto de los plazos supone "todo un desastre para la industria".