En rueda de prensa, Rodríguez Gómez de Celis, portavoz del PSOE en el pleno del Consistorio, consideró que el PP incurre "en lo más deleznable que se puede hacer en política" al haber solicitado a la juez Mercedes Alaya que impute al alcalde, así como al anterior director de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía y su sucesora en el cargo, en las diligencias incoadas por el citado intento de cobro de comisiones ilegales.

Para el concejal de Presidencia, este recurso al auto mediante el que la juez resuelve la incoación de juicio mediante el procedimiento del tribunal con jurado, "no busca la verdad, sino busca a la desesperada una oportunidad política". "Trata de empujar a los jueces y magistrados contra el PSOE", alertó en cuanto a las prácticas del PP, que a su juicio intenta "politizar la justicia" para cosechar "rédito político".

"Es algo muy grave en democracia", dijo Rodríguez Gómez de Celis asegurando que "todos" los ciudadanos "saben al cien por cien que tenemos a un hombre honesto y honrado al frente del Ayuntamiento", en alusión al primer edil.

Recurso a la apertura de procedimiento

Según el recurso elevado por el PP al juzgado y recogido por Europa Press, los acuerdos de dicho auto, en el que la juez Mercedes Alaya cree "verosímil" imputar por un presunto delito de cohecho a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira, son "prematuros" porque las diligencias practicadas "acreditan la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito" y de los que han participado personas que no figuran en dicho auto.

Mientras los imputados, la acusación particular y las acusaciones populares están convocados a una vista fijada para el 23 de diciembre a partir de las 10,30 horas, el PP alega que "no procede" la incoación del procedimiento del juicio hasta la práctica de diligencias como la elaboración de un informe sobre el patrimonio de "los imputados y su entorno familiar más directo", porque tales diligencias fueron propuestas por la juez y no obran en las actuaciones.

Asimismo, recuerda el recurso que el juzgado había reclamado el expediente íntegro de la Dirección General de Formación para el Empleo sobre la adjudicación de una subvención de 900.000 euros a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla para la creación de una escuela de hostelería, precisamente la escuela cuya explotación fue supuestamente ofertada por Mellet y Ponce a dos empresarios del grupo hostelero La Raza previo pago de comisiones ilegales.

Además, entiende el PP que "no se ha investigado" la participación de los miembros del patronato de la fundación, entre los que figuran el ex concejal socialista Gonzalo Crespo como presidente y el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), como vicepresidente segundo. Mellet y Regla Pereira, según rememora el PP, destacaron en sus declaraciones el papel de este órgano en la adjudicación de la gestión de la escuela de hostelería.

Que sea imputado el alcalde

Pero sobre todo, el recurso del PP reclama que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), sea imputado por un supuesto delito de encubrimiento. Para ello, esgrime la comparecencia judicial de Juan Gallo, quien defiende que, como director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, recibió en enero de 2009 la grabación que contenía el intento de cobro de comisiones ilegales y en la primera semana de febrero le dio traslado de este material al alcalde, que en un escrito dirigido a la Policía Judicial aseguraba que no fue hasta el 12 de febrero cuando tuvo conocimiento de la existencia de esta grabación.

Para el PP, Sánchez Monteseirín "no sólo no puso los hechos en conocimiento de los juzgados" pese a su condición de alcalde y presidente del consejo de administración de Mercasevilla, sino que "abusando" de sus poderes, "intentó ocultarlos el mayor tiempo posible y, de común acuerdo con Mellet y Ponce, les mantuvo en sus puestos" para "facilitar" la destrucción de pruebas, además de "colaborar con ellos para eludir responsabilidades penales".