La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, tildó hoy de "ilógico" que los empleados públicos que no quisieron adherirse en 2007 al pago a cuenta de la carrera profesional soliciten ahora la retroactividad y el cobro de esas cantidades. Migoya explicó que tuvieron la oportunidad de elegir libremente en su momento y decidieron no hacerlo. Señaló además que el pago de esa retroactividad supondría casi 16 millones de euros, incluyendo al personal del Principado y a los docentes.

La consejera hizo estas manifestaciones en la Comisión de Administraciones Públicas de la Junta General del Principado, donde compareció, junto a su equipo, para dar cuenta del proyecto de Ley de séptima modificación de la Ley 3/1985 de ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias para la regulación de la carrera horizontal. Se trata de unas normas que el Gobierno ha elaborado para dar cobertura legal al pago a cuenta de la carrera que comenzó a percibirse en 2007 y que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró anulable por no tener soporte jurídico.

En su comparecencia, Migoya dijo que el coste que supondría incorporar la retroactividad para aproximadamente el 18% de los que no se adhirieron en su momento supondría casi 16 millones, incluyendo los docentes, y abarcando las anualidades 2007, 2008 y 2009. Por año, 2,2 millones corresponderían a los no docentes y tres a los docentes.

La dirigente regional recordó que el proyecto permitirá ahora adherirse a quienes no lo solicitaron en su momento para poder comenzar a cobrar. Señaló que con la norma elaborada por el Gobierno se resuelve el problema de dotar el pago de cobertura legal. Destacó que el texto fue sometido a negociación colectiva en la Mesa General y elogió la "responsabilidad" de UGT y CCOO por apoyarlo. "Lo más importante es que permite mejorar calidad y avanzar en la excelencia de lo público al servicio de la ciudadanía", explicó Migoya.

Según las cifras que ofreció la consejera, tienen derecho a adherirse a la carrera profesional y primer pago a cuenta 6.668 funcionarios de carrera o laborales, de los que 5.427 ya se adhirieron en 2007, de tal forma que quedarían 1.241 que podrán apuntarse.

El PP confirmó que no presentará una enmienda a la totalidad al proyecto para no poner en peligro las cantidades percibidas por funcionarios. De todas formas sí se mostró partidario de esa retroactividad y señaló que el proyecto "perpetúa la discriminación a quienes no estuvieron de acuerdo y recurrieron".

El diputado del Grupo Popular, Ramón García Cañal, dijo que el proyecto llega "tarde" a pesar de las continuas "advertencias". A su juicio, detrás de esa tardanza está la "tozudez" y la "contumacia en el error" de Migoya. Recordó la comparecencia de los sindicatos de al Administración que tuvo lugar esta mañana y destacó las "críticas" de estos hacia el texto.

A su juicio todo parte de un acuerdo "electoralista" del Gobierno del Principado con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2007. "No se puede ser más chapucero y sectario", señaló García Cañal, que reclamó que la solución debe atender no sólo la situación de los que firmaron, sino también de los funcionarios que no se adhirieron y el TSJA "terminó dándoles la razón". Así, señaló que el PP planteará en sus enmiendas la retroactividad de esos pagos a cuenta, dando facilidades de pago al Gobierno.

La diputada de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, señaló que el proyecto tiene un carácter "paliativo" porque supone una respuesta "puntual" a una situación que ha venido dada, mientras que la socialista Servanda García felicitó al Gobierno regional por el acuerdo alcanzado con los sindicatos.