En la reunión, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local acordaron, junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y la empresa concesionaria del servicio de transporte, la constitución "inmediata" de una mesa de trabajo que, desde el punto de vista social, aborde la problemática existente en la barriada "con el objetivo de realizar un diagnóstico de las causas que originan este tipo de incidentes y acordar, en su caso la puesta en marcha de medidas de intervención social".
En dicha mesa de trabajo participarán los Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, barriada limítrofe con el perímetro fronterizo de Marruecos en la que residen más de 12.000 personas.
Las dos instituciones dejaron "claro" que no se plantean suspender el servicio de transporte público ni ningún otro de los servicios que prestan en la zona y aseguraron que la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil "seguirán trabajado de manera coordinada como hasta ahora para erradicar estos comportamientos incívicos".
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