Sindicatos, patronales y administración deben dar una definición unitaria de qué se considera teletrabajo para evitar abusos. Es la conclusión a la que llega un informe realizado por UGT para comparar el grado de promoción de las nuevas tecnologías y el teletrabajo por parte de administraciones públicas españolas y europeas y ver de qué manera favorecen la empleabilidad de las mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar.

El estudio ha sido presentado por el secretario de Formación y Empleo de UGT-Euskadi, Felipe Serrano y la secretaria de Igualdad Emilia Málaga. En él se destaca que un 5,8% de las mujeres consultadas practica el teletrabajo, una tasa que se sitúa muy por debajo de la media europea.

Se trata fundamentalmente de mujeres de 25 a 54 años, casadas, asalariadas, con familiares a su cargo, estudios universitarios y empleadas en trabajos de alta cualificación del sector servicios. Dos quintas partes de las mujeres consultadas han mostrado su interés por este sistema.

Para UGT es preciso un cambio en la cultura empresarial ya que el teletrabajo supone una serie de cambios en los procedimientos dentro de la empresa, nuevas formas de desempeñar las tareas. Serrano ha insistido en que la negociación colectiva "es clave" a la hora de definir las condiciones en que se desempeña el teletrabajo, "por supuesto con todos los derechos y todas las garantías",  porque "no podemos permitir que la negociación se individualice".

Efecto no deseado

Emilia Málaga ha reconocido que a los sindicatos les corresponde hacer en este terreno una labor de vigilancia muy importante, porque hay medidas que, aunque nacen con otra vocación, "acaban siendo utilizadas para la salida por la puerta de atrás de muchas trabajadoras".

Málaga ha apuntado que en algunos países europeos, "con medidas más avanzadas que las nuestras, se las están replanteando porque están viendo que existe un efecto no deseado en el empleo de las mujeres y que todo eso hay que reconducirlo".