La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha admitido que con la entrada en vigor de la denominada Ley de Dependencia han coexistido en las islas el sistema de valoraciones de los cabildos con uno creado por el Ejecutivo regional. "Tenemos duplicadas las estructuras, pero nos hemos puesto de acuerdo para que en 2010 entre en funcionamiento un único sistema, que no funcionará puro y que deberá coexistir con el anterior", explicó.

Rojas dijo en la comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda del Parlamento regional que la situación del archipiélago era diferente al resto antes de la ley porque en Canarias estaba descentralizado el sistema. "En 2009 hemos trabajado Gobierno, cabildos y ayuntamiento para crear un sistema de atención a la dependencia que viene a sustituir los planes sociosanitarios de mayores y discapacidad y regulariza la ley estatal. A partir de 2010 tendrá que convivir con el sistema anterior", insistió.

"La ley cumple tres años, pero no su desarrollo y ni su aplicación", relató. La consejera explicó que no es sencilla la descentralización. Aquí indicó que "nos obligó a crear infraestructuras administrativas para poner en marcha la ley cuando ya la teníamos en las islas". Añadió que se ha tenido que trabajar con "duplicidad" de servicios y repitió que se ha trabajado para evitarlo.22

Meses esperando

Ante esto, la diputada del PSOE, Francisca Luengo, aseguró que "Canarias ha creado cero servicios en ayuda a domicilio o teleasistencia" y echó en falta plazas de centros de día. Así recordó que el Estado ha aportado en los últimos años 46 millones por lo que concluyó que existe en el Ejecutivo canario una "desorientación enorme" sobre esta materia.

"Ni se sabe, ni se quiere aplicar", denunció Luengo que recordó que actualmente la tramitación para recibir el reconocimiento del derecho en el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia se prolonga 22 meses. "No es posible mantener este sistema centralizado", afirmó para abogar porque se tenga en cuenta a cabildos y ayuntamientos.

Luengo insistió en que un Decreto se modifica en un mes y medio por lo que concluyó que "no es posible continuar con el atasco y no se haya realizado la modificación". Asimismo criticó que se hable de un sistema canario de la dependencia y recordó que "los nacionalismos nunca han resuelto problemas globales". "Los años de gobierno nacionalista no han resuelto nada. No por eso desprecio las políticas nacionalistas. Puedo creer que se puede colaborar, pero pido que no torpedeen la ley", argumentó.

"Quieren dar la impresión de que nos inventamos los datos", dijo Luengo que recordó que el observatorio de la dependencia ha hablado de que "falta de interés institucional en Canarias para aplicar la ley". "Han sido tres años perdidos y de colapso", sentenció la diputada del PSOE que adelantó que "en ese futuro sistema descentralizado espera que se acierte".

Aquí expuso que las valoraciones deben hacerse "en cada una de las islas" con colaboración de ayuntamientos y cabildos. "Hay comunidades que sí cumplen aportando el 50 por ciento de las comunidades y otras, como la canaria, no lo aportan y que lo que reciben tampoco lo dedican a la Dependencia", denunció para indicar que "Canarias es la única que hace caja".

"Una cosa es estar valorado y otra recibir prestación. De los 26.000 solicitantes, 19.000 están valorados y más de 7.000 se han quedado dentro de un cajón", expuso la socialistas que insistió en que el archipiélago es la comunidad que está a la cola en aplicación. "Jamás hemos dicho que todos tienen derecho a una ayuda. Siempre hemos dicho que se desnaturaliza el sistema porque se dan prestaciones y no servicios. Se está perdiendo la capacidad de crear empleo", añadió. La socialista repitió que "la cuestión es muy grave" y exigió un cambio de rumbo.

A esto Rojas le dijo a Luengo que no pierde la esperanza de que conozca la ley. "Toda Canarias cree que la ley de dependencia es una paga, pero no es así. No nos vamos a dejar presionar porque la prioridad es prestar servicios", insistió para concluir que las islas tienen servicios y es la Canarias es la comunidad que más servicios públicos tiene. "Es la número uno en centros de día y residencias. Es la que más paga por esos servicios. Sólo está cerca de nosotros Navarra", dijo.

La diputada de CC, Flora Marrero, abogó porque se trabaje con responsabilidad y criticó "la frivolidad" de algunos para hablar de los datos. "No podemos a atacar al Gobierno, sólo por hacer política", dijo la nacionalista.

Marrero insistió en que el secretario de Estado, Francisco Moza, ha afirmado que se aprobó sin ficha financiera y que se requiere la colaboración de las comunidades autónomas. Añadió que no se ha informado "adecuadamente" sobre su aplicación y que Moza ha hablado de la falta de infraestructuras.

Rojas aquí dijo que nadie critica la ley porque "todos la respaldamos incluso antes de aplicarla". También señalizó que el Ministerio ya ha anunciado modificaciones porque hay algunas cosas que se vuelven contra los dependientes.

La diputada recalcó que Canarias es la segunda comunidad dónde más personas solicitantes hay. Por ello apostó por trabajar en positivo y pidió que la ley se aplique con suficiente financiación. "No vamos a descalificar porque estamos hablando de personas", finalizó.

El diputado del PP, Sigfrid Soria del Castillo, aseguró que en Canarias "se han hecho los deberes". "Todo lo que dicta la ley se está haciendo", insistió el popular que recordó que se aboga porque sean las comunidades quienes valoren a los dependientes. Expuso además que el sistema canario que ya funciona es ninguneado por algunos.

"Canarias ha puesto cinco veces más que el Estado y tres veces más en 2010", dijo Soria al tiempo que también se preguntó si se prestan servicios por qué algunos quieren seguir "instalados en la mentira" para desgastar el Gobierno de Canarias. "Siga en la misma línea haciendo oídos sordos y atienda a sus intereses que son los mismos que los de los dependientes", finalizó.