El texto de la ley contó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP), Partido Aragonés (PAR), Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU), salvo en algunos artículos en los que IU se abstuvo y uno en el que votó en contra.

La ley fue presentada al pleno por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, quien explicó que su objetivo es "adecuar la regulación de los concejos abiertos al Estatuto de Autonomía de Aragón" y "a la realidad territorial" de la Comunidad autónoma, así como "mejorar el régimen de funcionamiento de las entidades locales".

Así, relató, la ley supondrá reducir el número de municipios que se rijan por este sistema, para sustituirlo por el régimen de ayuntamiento, e introducir mejoras en los que lo mantengan, estableciendo que haya cuatro tenientes de alcalde, una comisión informativa optativa y una comisión de cuentas obligatoria para dar "más transparencia y control a la gestión económica municipal".

Actualmente, 143 municipios del total de 731 de Aragón poseen la figura de concejo abierto, el 20 por ciento. De haber mantenido la legislación actual, de ámbito estatal, y según las previsiones, en las próximas elecciones de 2011 habría más de 200 municipios que deberían acogerse a esta figura.

Con la aprobación de la nueva ley, serán 33 municipios, según los datos actuales del censo, que se podrían incrementar en unos 20 ó 25 por la reducción de población en los próximos años.

Por lo que respecta al trámite parlamentario, el proyecto de ley fue presentado por el Gobierno de Aragón y se ha debatido en el parlamento aragonés desde septiembre hasta ahora, habiéndose aprobado las 19 enmiendas presentadas por el PP y las once de CHA, mientras que IU ha mantenido para su debate en el pleno sus 12 enmiendas.

Disolución del municipio

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, votó en contra al artículo que contempla la disolución de un municipio si el concejo abierto no funciona bien —para pasar a agregarse a otro municipio—, ya que, en su opinión, habría que apoyar al municipio, antes que disolverlo y ver "por qué no funciona bien, si el Gobierno de Aragón cumple con su función de apoyo y asesoramiento y saber qué opinan los ciudadanos".

Respecto a los artículos en los que IU se abstuvo, su portavoz aclaró que hacían referencia a la reducción de menos de cien a menos de cuarenta habitantes los municipios que funcionen con este régimen por ser "muy restrictivo" y porque "somos municipalistas convencidos y nos gusta el sistema de concejo abierto" puesto que "es lo único que queda de democracia directa".

El diputado del PSOE, Manuel Lana, recalcó que la nueva legislación va a "modificar los efectos negativos" que actualmente tiene la figura de los concejos abiertos para "adaptarse a las condiciones de nuestro territorio" y "facilitar el mejor gobierno de los municipios aragoneses".

La diputada del PP, Yolanda Vallés, recalcó que los concejos abiertos han generado "problemas de gestión y de convivencia" lo que "dificulta y paraliza la actividad municipal" y por eso la nueva ley va permitir "facilitar la formación de mayorías" y la "implicación" de la población con la creación de los cuatro tenientes de alcalde, entre otras cosas, comentó.

La diputada del PAR, Ana de Salas, precisó que el trámite parlamentario ha supuesto reducir de menos de 50 a menos de 40 habitantes los municipios en los que se aplique el régimen de concejo abierto, si bien subrayó que aquellos municipios que actualmente se acogen a esta figura y quieren mantenerla a pesar de tener 40 ó más habitantes podrán hacerlo, solicitándolo al Gobierno de Aragón en un plazo de seis meses.

También remarcó que esta ley supone "desarrollar" el Estatuto de Autonomía de Aragón, y "desplaza" la legislación básica del Estado, "teniendo en cuenta las peculiaridades territoriales de Aragón", con "muchos municipios con poca población" con el objetivo de "mejorar" su funcionamiento y solventar los actuales problemas para "constituir la asamblea, adoptar acuerdos y de debatir sobre cuestiones técnicas".

El diputado de CHA, Chesús Bernal, manifestó su rechazo al régimen de concejo abierto porque "lo extraño es que funcione bien" por razones "sociológicas, de edad, de nivel", entre otras, lo que lleva a "perder oportunidades", a que haya "malos rollos" y a que "no haya manera de solicitar una subvención o presentar una solicitud en una convocatoria".

Por eso, su grupo había solicitado, inicialmente, que se aplicara esta figura a los municipios con menos de 25 habitantes, si bien aceptó la cifra de 40 por el consenso, aclaró, al tiempo que opinó que la fórmula de ayuntamiento y concejales "es más recomendable si comparamos la realidad de cada pueblo y municipios".