La sentencia considera probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular de Territorio del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, institución que presidía Maria Antonia Munar, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.

En los pasillos del Parlament, el propio Vicens dijo que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo y aseguró que por el momento no se plantea dejar su escaño en el Parlament balear.

Pese a que Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, éste mantiene su escaño en la Cámara.