Representantes de los sindicatos ANPE, SASC, SIEP, STEC, USAE y USO y los delegados independientes de la Junta de Personal y Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria aseguraron hoy que se sienten "discriminados" por el Ejecutivo, al que reprocharon la retirada de las ayudas sociales en 2010, al tiempo que pidieron que incluya esas partidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año.

Los sindicalistas cifraron en unos tres millones y medio de euros el importe global de estas subvenciones, —que se destinan a guarderías, ayudas al estudio, para hijos minusválidos, anticipos para la adquisición de la primera vivienda, o gasto sanitario, entre otras cuestiones— y en cerca de 20.000 los funcionarios afectados.

Con el objetivo de que el Gobierno cántabro vuelva a incluir estas ayudas en los presupuestos, delegados de estos sindicatos —que representan al 50% de los trabajadores de la Administración de la Comunidad Autónoma— se concentrarán los próximos jueves, 17 de diciembre, y viernes, día 18, ante el Parlamento de Cantabria, donde se debatirá y aprobará el proyecto de Ley de Presupuestos.

En rueda de prensa, Inmaculada Peña, de SIEP, explicó que exigirán al Ejecutivo que no se suprima la partida de las ayudas sociales, que "son parte del sueldo de los empleados públicos" ya que "son deducidas del mismo", destacó. Así, recalcó que "no son una prebenda ni un privilegio" y, además, según recordó, se reparten inversamente proporcional al salario, de forma que perciben más ayudas quienes menos cobran.

Tras indicar que el Gobierno alude a la crisis económica para justificar esta supresión, Peña aseguró entender que hay que "ajustar" los presupuestos, pero opinó que se podían recortar o suprimir otras partidas.

Entre ellas citó las destinadas a altos cargos y puestos de libre designación —que "cada vez son más"—, externalización de servicios, envío de invitaciones —algo "innecesario" pero que se hace "permanentemente"—, o acciones de marketing y publicidad, aspectos estos últimos en los que "el Gobierno de Cantabria no tiene límite". Es más, comentó que en la Consejería de Presidencia y Justicia incluso se está "regalando mazapán".

Añadió que el titular de este departamento, Vicente Mediavilla, se está "aprovechando de la crisis" para quitar las ayudas sociales, mientras los funcionarios del Gobierno son los que "están pagando el pato".

Con todo ello, insistió en que los empleados públicos del Ejecutivo no están en una situación "de privilegio" ya que el próximo año sufrirán una merma en sus retribuciones, a lo que se suma que "un número importante" de ellos "no llega a ser mileurista".

La representante de SIEP indicó también que instaurar las ayudas sociales ha sido posible gracias al esfuerzo de "muchos años", y ahora se las quitan "de un plumazo". En este sentido, reflexionó que, una vez suprimidas, será "muy difícil" volver a habilitarlas.

Señaló que las ayudas y la cuantía de las mismas se acuerda en las mesas de negociación, y el Ejecutivo las ha quitado "de manera unilateral y sin ningún tipo de negociación". Un "atropello" por el que no descartan recurrir a la justicia.

Por último, Peña lamentó la "destacada" ausencia de los tres sindicatos mayoritarios —Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF— en esta reivindicación, por lo que se cuestionó lo que "estarán sacando a cambio de callar".