El caso se remonta al mes de octubre de 2004, cuando Benavides, que ya ostentaba la Alcaldía, denunció al anterior regidor, González Montoro, por haber inaugurado una plaza y repartido una revista informativa en periodo preelectoral, eventos que habían sido prohibidos por la Junta Electoral de Zona.

Según considera el Ministerio Público, el actual alcalde interpuso la querella no en su condición de representante municipal, sino en su propio nombre, porque de hecho así lo entendió un juzgado de Almuñécar, que le exigió 9.000 euros para ejercer la acción penal en concepto de fianza, cantidad que el imputado abonó con fondos del Ayuntamiento.

En su exposición de hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde Benavides está siendo enjuiciado por un jurado popular, el fiscal sostuvo que se incurrió en numerosas irregularidades administrativas graves en el proceso que culminó en la interposición de la querella, y que el pago de 9.000 euros, acordado por la Junta de Gobierno Local, no tenía una finalidad pública, "porque no era necesario abonarlos". "Si se pagaron es porque las cosas se hicieron mal", señaló. (((

Habrá ampliación)))