El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones ONG, Pedro Zerolo, aseguró hoy que el sistema nacional de dependencia "es un derecho subjetivo, un derecho de ciudadanía y, por tanto, es denunciable y, desde luego, demandable".

Pedro Zerolo hizo estas declaraciones hoy en una rueda de prensa en Elx (Alicante) antes de participar en una conferencia en el Centro de Congresos ilicitano, en la que señaló que "la ciudadanía tiene todo el derecho y más a construir las plataformas y las redes necesarias para hacer las denuncias oportunas por la ralentización y el boicot que el PP está haciendo a este sistema nacional de dependencia".

En este sentido, destacó que en diferentes comunidades autónomas como la de Madrid "la ciudadanía empieza a organizarse en plataformas, porque lo que no se puede hacer es ralentizar la entrada en vigor de un sistema nacional", como el de Dependencia.

Asimismo, el secretario recordó que "el gobierno de José María Aznar, siendo ministro Eduardo Zaplana, intentó poner en marcha un sistema nacional de dependencia privado y un seguro privado de dependencia".

Por ello, resaltó que "construir el Estado de Bienestar no es fácil y que apostar por políticas públicas no es fácil". Desde ayuntamientos como el de Elx se "hace todo lo posible por hacer lo que le corresponde a los ayuntamientos, recibir las peticiones de valoración y remitirlas a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunitat Valenciana", añadió.

Zerolo remarcó que "de los que se trata es que todas las administraciones colaboren y hagan un ejercicio de responsabilidad, la responsabilidad que no ha tenido en esta cuestión el PP".

Así, animó a la ciudadanía a "denunciar esta situación", al tiempo que añadió que la ciudadanía "tiene todo el derecho y más a construir las plataformas y las redes necesarias para hacer las denuncias oportunas por la ralentización y el boicot que el PP está haciendo a este sistema nacional de dependencia".

Por último, Zerolo detalló que la Asociación Nacional de directores y Gerentes de Centros Municipales de Servicios Sociales estableció una clasificación y "las tres peores comunidades autónomas de toda España son Madrid, Valencia y Canarias".