En concreto, la juez afirma en el auto que, después de todo lo actuado como consecuencia de la denuncia interpuesta por el Ministerio fiscal, existen "indicios racionales bastantes para imputar a José María González Sesma la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 considera que González Sesma, secretario del Ayuntamiento de Cintruénigo desde 1978 y secretario de la Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero desde 1989, "aprovechándose de dichos cargos, durante los años 2002 a 2007, procedió a desviar de su legítimo destino una cantidad total de 27.235,77 euros, que no ingresó en la cuenta que el Ayuntamiento tenía abierta en Caja Navarra, sino que la depositó en la caja fuerte, también conocida como caja B, que él mismo tenía bajo su exclusivo conocimiento y disposición".

Al mismo tiempo, según el auto de la juez, el secretario del Ayuntamiento, "a través de una cuenta bancaria que abrió en la entidad BBVA, dispuso y se apropió en beneficio propio y en perjuicio de la Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero de la cuantía de 217.071,675 euros, si bien transfirió de dicha cuenta a la cuenta de la Mancomunidad en la CAN la cuantía de 59.137,38 euros". Además, el 12 de marzo de 2009 ingresó en la cuenta de la Mancomunidad otros 157.943,37 euros en concepto de "reintegro de cantidad".

La juez explica en el auto que el delito de malversación de caudales públicos está atribuido para su enjuiciamiento al tribunal del jurado. Además, concede el plazo de un día al imputado para que preste una fianza de 10.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele".

Investigación de la fiscalía

La Fiscalía Superior de Navarra inició una investigación después de que el alcalde de Cintruénigo, el socialista Adolfo Navascués, sospechara de la existencia de una doble contabilidad en el consistorio, una sospecha que trasladó a la Fiscalía y a la Cámara de Comptos para que iniciaran una investigación.

En concreto, había trascendido la existencia de una supuesta 'caja B' en el Ayuntamiento que estaba al margen de control contable y que había funcionado durante años. No obstante, se desconocía quién y cuándo ordenó la apertura de esta cuenta.