La oferta de empleo público (OEP) de 2009, que el Consello de la Xunta aprobará este jueves, incluirá 167 nuevas plazas, que se corresponden "estrictamente" con la tasa de reposición del 30 por ciento, para cubrir las "necesidades más acuciantes" de la Administración gallega y en línea con la política de "austeridad". Los puestos se centrarán en cubrir con funcionarios labores que ahora se encargan a asistencias técnicas.

Así lo explicó hoy el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, en una rueda de prensa en la que expuso que, en total, se dará el visto bueno para la publicación de 937 plazas. De ellas, 247 corresponden a personal funcionario —199 para la Administración general y 48 para especial—, 670 serán de personal laboral y otras 20 son plazas ya aprobadas por el anterior gobierno en una ampliación de la convocatoria de 2008, pero que no habían sido publicadas.

Las 167 vacantes no ofertadas previamente se reparten, en Administración general, entre promoción interna en el cuerpo auxiliar de la Xunta (subgrupo C2), con 30 puestos; 69 de acceso libre; y 20 de consolidación. En Administración especial son 48 de acceso libre.

Estas plazas se aprovecharán, afirmó Barreiro, para cubrir puestos vinculados con labores que actualmente recaen en asistencias técnicas. "Se centran en temas de carácter técnico que hoy se están haciendo por asistencias técnicas", indicó y aseguró que el objetivo es disponer de personal funcionario para desempeñar tales funciones y que dichas asistencias sean "sólo las que contempla la ley".

Entre las plazas que no habían sido publicadas con anterioridad se encuentran, entre otros, varias de técnicos estadísticos, de finanzas, subinspectores de consumo, arquitectos, ingenieros industriales o delineantes. Por su parte, las 20 plazas aprobadas por el bipartito en la ampliación de la convocatoria de 2008 se refieren a la escala de agente facultativos medioambientales.

Dentro de esta oferta pública se encuentran "varios cientos" de plazas que la Xunta debe consolidar como consecuencia de sentencias condenatorias. El responsable de Función Pública no concretó el número, pero señaló que, entre las 670 de personal laboral hay "muchas" que "provienen de sentencias", todas ellas de hace más de dos años, apuntó.

Además, Barreiro agregó que esta convocatoria correspondiente a 2009 se verá completada en el "primer cuatrimestre de 2010" con la oferta del año próximo, en la que "las necesidades más acuciantes serán complementadas". La celebración de los procesos selectivos de uno y otro año estarán "superpuestos", destacó el director xeral, pues la OEP de este año se convoca tarde, entre otras razones, debido al cambio de Gobierno.PLAZAS

Un total de las 110 plazas de personal funcionario se aprobarán por el turno de promoción interna y serán convocadas de forma independiente, con el objetivo de vincular progreso profesional y mejora del servicio público. Entre ellas, se encuentran las de promoción por recalificación del puesto —no por cobertura de vacantes—, lo que mejorará los ratios de permanencia en el servicio, según Facenda.

Entre las 670 plazas de laboral, 433 habían sido aprobadas en la oferta de 2008, pero sufrieron algunas variaciones con los ajustes en los procesos de consolidación de este tipo de personal regulados en una disposición transitoria del V convenio colectivo de estos trabajadores de la Xunta. Por último, se incluyen en este apartado los 237 puestos de la ampliación de 2008 aún no publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Barreiro señaló, además, que un porcentaje no inferior al 7 por ciento se reservará para personas con discapacidad, pues su presencia "sigue siendo muy baja". Así, se les dará un "tratamiento diferenciado" en el proceso.

Control contra filtraciones

Preguntado acerca de las medidas que pondrá en marcha Facenda para evitar nuevas filtraciones de exámenes, Barreiro afirmó que "ya se están tomando" y los exámenes se fotocopian "en dependencias de la Administración y por personal funcionario". En cuanto al caso se tres hermanos que situaron entre los cinco primeros puestos en una oposición, el director xeral se limitó a manifestar que el asunto está "sujeto a una investigación judicial" y que "no es momento de hacer declaraciones que la perturben".

Asimismo, insistió en que no habrá representantes de los sindicatos en los procesos selectivos. "Nos limitamos a aplicar la normativa básica del Estatuto del Empleado Público y el informe de la Asesoría Jurídica", afirmó. Este estudio fue encargado por el anterior gobierno autonómico y fue dado a conocer en septiembre de 2008.