El Gobierno autoriza un nuevo trasvase urgente Tajo-Segura para salvar los cítricos

El Consejo de Ministros autorizó el viernes un trasvase de 18 hectómetros cúbicos desde los embalses de la cabecera del Tajo a la cuenca de Segura como "riego de socorro" para "minimizar los graves efectos de la sequía sobre los cultivos leñosos", especialmente los cítricos, de esa zona.
Así lo anunció tras la reunión del Ejecutivo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien explicó que esa decisión se ha tomado en base a la actual situación que viven dichos cultivos, tras estudiar un informe de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa.

Señaló que ese desembalse forma parte de los
60 hectómetros cúbicos que como máximo se podrían trasvasar para riegos en el conjunto del año hidrológico, que acaba de comenzar, para poder garantizar el abastecimiento de agua potable en esa cuenca.

El pasado 30 de septiembre el Gobierno, que asume la responsabilidad de autorizar los trasvases en periodos de especial sequía,
ya permitió el desembalse de 39 hectómetros cúbicos de agua con destino a la cuenca del Segura en el primer trimestre del año hidrológico (octubre-diciembre) pero exclusivamente
para abastecimiento.

En aquel momento, el Gobierno se reservó la posibilidad de revisión, en el plazo de un mes, de algún desembalse posterior que permitiera minimizar los efectos de la sequía.

La vicepresidenta explicó que las precipitaciones de las últimas semanas en la cuenca del Segura son insuficientes para las necesidades de mantenimiento, en particular de los cítricos, por lo que se continúa viviendo una situación de "excepcional sequía".

Destacó que con este acuerdo, el Gobierno mantiene y se ratifica en su compromiso de garantizar todas las necesidades de la cuenca del Tajo, así como el abastecimiento urbano en la del Segura, e insistió en que con este "pequeño trasvase" se pretende tratar de salvar los árboles leñosos,
principalmente los cítricos.

La vicepresidenta reconoció que acuerdos de esta naturaleza "no agradan a todos", si bien recalcó la obligación del Gobierno, "de acuerdo con los criterios de la prudencia y la responsabilidad", de tomar "decisiones que creemos necesarias, que afectan al interés general de todos los ciudadanos y ciudadanas y a la
solidaridad de todos los españoles".
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