Los proveedores de acceso también cuestionan la ley que prevé regular Internet

La controvertida disposición adicional del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, que determina el cese de actividad de una página web cuando ésta vulnera los derechos de propiedad intelectual sin autorización de un juez, no sólo no ha convencido a los internautas.

Redtel, la asociación española que agrupa a las operadoras con red propia en España -Telefónica, Vodafone, Orange y ONO- también ha expuesto sus dudas sobre la eficacia de un texto que trata de solucionar un problema únicamente con "medidas restrictivas y coercitivas".

"Las posibles medidas deberían ser proporcionadas y tener un espíritu educativo y de sensibilización", apuntan sus responsables.

La asociación se ha mostrado, además, "sorprendida" ante la decisión del Gobierno de incluir la nueva normativa en el marco de la Ley de Economía Sostenible, "una ley compleja y amplia", así como la de la creación de una comisión dependiente del Gobierno con potestad para bloquear sites.

Pero, sobre todo, creen que el texto es "incompleto": "Adolece de cierta indefinición en temas de importancia técnico jurídica y es parcial, al no plantearse el objetivo de fomentar la creación de un mercado de contenidos legales en Internet".

En su lugar, las operadoras proponen que el tema se trate con todos los agentes implicados con el fin de buscar una solución constructiva.

De aprobarse el anteproyecto, el papel de los proveedores de Internet sería clave, ya que estos se verían obligados a facilitar al Gobierno los datos de los propietarios de las páginas que se considera que atentan contra la nueva ley, algo que, según ha denunciado la Asociación de Internautas, vulneraría los derechos de protección de datos de los ciudadanos.

A este respecto, la asociación propone una reforma legal "que sea compatible con los derechos fundamentales" de los usuarios: la intimidad y la privacidad.

Según Redtel, el encuentro entre el Gobierno y los operadores necesario para fijar las formas de actuación según la futura nueva ley aún no se ha producido.