EE UU declara que las emisiones de gas invernadero son peligrosas para la salud

La Casa Blanca podrá tomar medidas contra el calentamiento global sin necesidad de contar con el Congreso de EE UU.
La Casa Blanca podrá tomar medidas contra el calentamiento global sin necesidad de contar con el Congreso de EE UU.
REUTERS
La Casa Blanca podrá tomar medidas contra el calentamiento global sin necesidad de contar con el Congreso de EE UU.

El Gobierno de EE UU ha declarado este martes que las emisiones de gas invernadero representan un peligro para la salud, lo que permite a la Casa Blanca tomar medidas contra el calentamiento global sin necesidad de contar con el Congreso.

Según la administradora de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA), las pruebas científicas reunidas por su agencia demuestran que los gases invernadero "amenazan la salud pública y el bienestar del pueblo estadounidense".

"Estas conclusiones, que ya debían haberse tomado hace tiempo, sitúan en la historia a 2009 como el año en el que el Gobierno de EE UU comenzó a atajar el desafío de los gases invernadero", ha dicho la alta funcionaria.

El anuncio coincide con la inauguración en Copenhague de la cumbre de la ONU contra el cambio climático contra el cambio climático, la mayor reunión mundial contra el calentamiento global y que tiene como objeto conseguir un acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto, que expirará en 2012.

Con esta medida, la Casa Blanca quiere demostrar en Copenhague que toma iniciativas para recortar las emisiones del país más contaminante per cápita del mundo.

Ley para un Aire Limpio

La medida anunciada este martes tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó a la EPA determinar si los gases invernadero son perniciosos para la salud dentro de la Ley para un Aire Limpio.

Determinar la peligrosidad de esos gases permite al Gobierno aplicar una serie de reglamentos anticontaminantes contra los gases invernadero emitidos por las fábricas y los vehículos, entre otros. El sector empresarial alega que eso obligaría a muchas pequeñas empresas y comercios a adoptar medidas muy caras.

La Administración tiene previsto eximir a las instalaciones que emitan menos de 25.000 toneladas de dióxido de carbono o su equivalente al año.

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