Las defensas de los 11 acusados de formar una célula islamista que pretendía atentar contra el metro de Barcelona han denunciado la ausencia de "pruebas suficientes" para acusar a los procesados y han pedido a la Audiencia Nacional que impute al testigo protegido F1, clave para la acusación, si otorga credibilidad a su declaración.

Los once procesados (Mahroof Ahmed Mirza, Mohammed Ayud Elahi Bibi, Ahmed Hafeez, Qadeer Malik, Sahib Iqbal, Mohammed Tarik, Roshan Jamal Khan, Mehmooh Khalid, Inram Cheema, Mohamed Shoaib y Aqeel Uhr Rehman Abassi), que se enfrentan a penas que van desde los 17 a los 26 años de prisión, han renunciado a su derecho a la última palabra, a excepción de Tarik, quien, en nombre del resto, ha proclamado que "todos" son "inocentes".

En su informe de conclusiones definitivas ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, uno de los letrados, Benet Salellas, ha recordado que hasta este momento no se ha aclarado el "estatus jurídico" del testigo protegido que destapó las supuestas intenciones de la célula al ponerse en contacto con un policía francés y que se ha convertido en la "única prueba" de la Fiscalía.

Durante el juicio, el testigo ha explicado que viajó desde Francia a Barcelona bajo las órdenes de Al Qaeda para participar en las actividades de la célula, pero se echó atrás después de hablar con su familia y al conocer que participaría como suicida. En ese momento, se puso en contacto con un conocido francés que trabajaba para la Policía de este país y que alertó a las fuerzas de seguridad.

El abogado ha recordado que el testigo relató que era miembro de Al Qaeda desde 2005, que participó en entrenamientos en Pakistán y formó parte de su red de financiación. "Digo yo que ese señor no podrá marcharse por la puerta tan tranquilo", ha denunciado.

Además, el letrado ha argumentado que el material explosivo encontrado en los registros (18 gramos de nitrocelulosa y perclorato potásico), procedente del vaciado de bengalas había sido "comprado en Francia" y ha recordado que el único que había estado en este país es el testigo protegido. Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que en cinco de los domicilios de los once acusados no hubo registros, algo a su juicio extraño en una operación antiterrorista.