Comienza el juicio por los vertidos de fuel-oil al río Tajo

El juicio contra las nueve personas acusadas de un delito contra el medio ambiente por el vertido de fuel-oil al río Tajo de la central térmica "Aceca", de Villaseca de la Sagra (Toledo), comienza hoy en la capital toledana, cinco años después del incidente

Los acusados en este juicio, que se celebrará en la Audiencia de Toledo, son cuatro directivos y cinco técnicos de control de la planta, propiedad de Iberdrola y copropiedad de Unión Fenosa.

En este proceso están personados como acusación, además de la Fiscalía, el Gobierno regional y Ecologistas en Acción, que piden penas que oscilan entre los seis meses de prisión y un año y nueve meses, además de dos años de inhabilitación especial.

Los abogados defensores, entre los que figura el penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo, piden la absolución para sus patrocinados por entender que no hubo conducta delictiva, sino que se trató de un "fallo accidental".

Central obsoleta

La Fiscalía pone de manifiesto las deficiencias de diseño de la central, que califica de "obsoleta", y reprocha a los acusados no haber supervisado el funcionamiento de las instalaciones, que datan de 1970.

El fiscal pide un año de prisión, multa de 4.320 euros e inhabilitación especial por un tiempo de dos años para cuatro responsables del comité de dirección de Aceca, el director jefe Ignacio Eusebio P.M., y el jefe de apoyo de la misma, José Luis M.L, así como penas similares para dos responsables de la empresa Iberdrola Generación, José Fernando S.B. y Francisco Javier V.S.

Además, se piden penas de seis meses para cada uno de los cinco técnicos encargados del control de la central eléctrica, el jefe de operaciones Jesús L.R., los jefes de turno Miguel A.M.J. y Vicente S.B. y dos técnicos de control, Eduardo P.LL. e Ignacio A.Y., así como multas de 2.760 euros e inhabilitación especial de nueve meses para el ejercicio de la profesión.

El Gobierno Regional coincide con la Fiscalía en su acusación, mientras que Ecologistas en Acción eleva las penas para los cuatro directivos de Iberdrola a un año y nueve meses. Por su parte, los abogados defensores solicitan la libre absolución para los acusados por entender que no ha habido conducta punitiva y consideran lo ocurrido como un "fallo accidental" de los sistemas de control y de seguridad.

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