La Junta recibe 127 denuncias por falta de personal en las residencias de ancianos

  • En dos años y medio se han abierto 20 expedientes, de los que 14 han sido sanción.
  • El PSOE pide más control a los centros de personas mayores.
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Personas mayores hacen ejercicios en una residencia de Burgos. (Archivo).
Personas mayores hacen ejercicios en una residencia de Burgos. (Archivo).
ICAL

La Consejería de Familia de la Junta ha recibido 127 denuncias en los últimos dos años y medio por falta de personal en las residencias de personas mayores de Castilla y León, tanto públicas como privadas.

En este tiempo, el total de denuncias de los usuarios ha ascendido a 311, por lo que casi la mitad corresponden a protestas por supuestos incumplimientos de la normativa en materia de personal, según los datos oficiales facilitados por la Junta al Grupo Parlamentario Socialista.

El procurador y secretario de Políticas Sociales del PSOE regional, Jorge Félix Alonso, considera que se trata de un número «muy elevado» de denuncias teniendo en cuenta que hay 632 centros en toda la Comunidad. «La Junta debe actuar con máxima transparencia en este tema y el índice de quejas refleja que la Administración no está haciendo un correcto seguimiento de la situación del sector», afirma.

En estos dos años y medios, Servicios Sociales ha abierto en Castilla y León 20 expedientes a residencias relacionados con temas de personal, de los que 14 se han resuelto con una sanción. En el caso de Valladolid, las denuncias presentadas por las familias ascienden a 21, pero sólo se han abierto dos expedientes de los que uno acabó con sanción.

Sistema informático

La normativa, de 2001, recoge cuál debe ser el personal de las residencias. De hecho, a través de un cálculo informático, se sabe la ocupación real del centro y el número de profesionales que corresponden.

Dentro del personal técnico se precisan las horas necesarias en la que deben estar los médicos, ATS, asistente social, fisioterapeuta, etcétera. Por su parte, del personal de atención directa, como auxiliares de enfermería, debe haber uno por cada 17 personas válidas, uno por cada 10 asistidas de grado I y uno por cada 5 asistidas de grado II. «Es ahí donde la Junta debe observar si los datos que facilitan los centros son correctos y tienen contratado a todo el personal que les exige la norma», recalca Alonso.

Faltan plazas públicas

El Grupo Parlamentario Socialista también echa en falta en el sistema más plazas públicas, tanto para válidos como asistidos, para garantizar el acceso a todas las personas mayores independientemente de su poder adquisitivo.

En la actualidad hay 40.392 plazas en la región. La OMS recomienda 5 plazas por cada 100 personas de más de 65 años y en Castilla y León hay 7. «Pero públicas o concertadas sólo 1,2 por cada 100 personas, sin contar las de los ayuntamientos», puntualiza Alonso. «Hay residencias sin ánimo de lucro cuyo acceso no está claro», añade.

Además, recuerda que la pensión media es de 733 euros cuando una plaza en una privada ronda los 900 euros para válidos y 1.700 euros para los asistidos. «Este asunto necesita mejora», concluye.

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