Obama en China
El presidente de EE UU, Barack Obama, durante su visita a China. EFE

El presidente de EE UU, Barack Obama, reconoció este miércoles por primera vez que no logrará cerrar la prisión de Guantánamo en enero, como había prometido, mientras el gobierno continúa buscando un lugar para recluir a una parte de los detenidos en su territorio. Hasta ahora han abandonado el centro sólo una veintena de presos

La orden de cierre en doce meses de esa cárcel fue una de sus primeras acciones como presidente, pero la resistencia del Congreso a aceptar a detenidos en EE UU y de otros países a acogerlos ha hecho que hasta ahora hayan abandonado el centro una veintena de presos, de los 215 que hay en total.

"Estamos inmersos en una trayectoria y un proceso en el que yo anticipo que Guantánamo será cerrado el próximo año", dijo Obama en una entrevista con la cadena Fox News durante su gira por Asia.

"No voy a marcar una fecha exacta porque depende mucho de la cooperación del Congreso", añadió.

La Casa Blanca ya avisó a finales de septiembre de que probablemente no lograría cerrar el penal en la fecha anunciada, aunque ésta es la primera vez que el presidente lo reconoce sin ambages.

Sin pruebas para juzgar

Algunos de los prisioneros que no podrán repatriar a terceros países serán juzgados, pero existe un grupo de entre 20 o 25 presos, según diversas fuentes, contra los que el departamento de Justicia carece de suficientes pruebas para llevarlos ante un tribunal y no quiere dejar en libertad porque los considera peligrosos. La solución que sopesa el Gobierno es encerrarlos de forma indefinida

La solución que sopesa el Gobierno es encerrarlos de forma indefinida como combatientes enemigos en base al derecho humanitario, que rige en tiempos de guerra, según reconoció este miércoles el fiscal general, Eric Holder, en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.

"No sería simplemente poner a alguien en un gulag y no ver u oír más a esa persona", dijo Holder, quien explicó que se crearía un mecanismo para revisar los casos y que el Congreso debería aprobar el nuevo sistema, aunque las organizaciones de derechos humanos se oponen al considerar que restablecería las condiciones de Guantánamo en territorio estadounidense.

En cambio, sí que han aplaudido la decisión de enjuiciar en un tribunal civil a cinco sospechosos de participar en los atentados del 11-S, incluido su presunto artífice, Jalid Sheij Mohamed. No obstante, esta decisión fue criticada por los republicanos, que consideran que Mohamed y sus supuestos colaboradores convertirán el proceso en un instrumento de propaganda de Al Qaeda.