La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado a seis grandes aseguradoras con una multa de 120,7 millones de euros, la más alta que ha impuesto en su historia, por pactar precios entre 2002 y 2007 en el seguro decenal, que cubre los defectos en la construcción de edificios de viviendas.

En un comunicado, el organismo presidido por Luis Berenguer indica que ha impuesto la sanción a las aseguradoras españolas Mapfre, Asefa y Caser, junto con las reaseguradoras internacionales Swiss Re, Munich Re y Scor, por lo que considera una infracción "muy grave" contra la competencia que además ha tenido "una larga duración" y "ha afectado a todo el mercado de un producto de contratación obligatoria".

Según el relato de Competencia, en el segundo semestre de 2001, las principales aseguradoras españolas en seguros decenales (Asefa y Mapfre) y las tres principales reaseguradoras (a quienes ceden parte de los riesgos) se reunieron e intercambiaron información "con el objeto de alcanzar un acuerdo de precios mínimos, que se materializó en un documento del 5 de diciembre de 2001".

El acuerdo, que tenía como objetivo aplicarse a todo el mercado (de hecho, Caser se incorporó a partir de 2006), tuvo como resultado "la total homogeneidad en las primas propuestas por las distintas aseguradoras presentes en el mercado del seguro decenal en España y la eliminación de la competencia".

Competencia también sostiene que las aseguradoras participantes en el pacto "vigilaron que el acuerdo de precios mínimos fuese respetado" por todo el mercado, existiendo "evidencias" de que llegaron a presionar y boicotear a "quienes se mostraron dispuestos a sustraerse a la disciplina del cártel de precios mínimos, llegando incluso a conseguir romper operaciones comerciales cerradas".

Asefa soportará la sanción más elevada, de 27,76 millones de euros, en tanto que Swiss Re deberá abonar 22,64 millones; seguida de Mapfre, con 21,63 millones; Scor, con 18,59 millones; Munich Re, con 15,86 millones, y Caser, con 14,2 millones.

La Ley de Ordenación de la Edificación obligó en 2002 a los promotores inmobiliarios a contratar pólizas que cubrieran durante 10 años los daños materiales existentes en los edificios nuevos de viviendas, con el objetivo de garantizar una compensación por los vicios o defectos que tuvieran en su estructura y que comprometieran su resistencia.

Según datos facilitados por la CNC, entre 2002 y 2007, periodo por el que han sido sancionadas las empresas, se emitieron 194.780 pólizas del seguro de daños a la edificación que costaron 1.780 millones de euros, y que aseguraban un valor de 244.087 millones.