Más de 19.000 alumnos de la región de quinto y sexto tendrán un portátil este curso

  • Los ordenadores serán de los colegios, que se los cederán a los estudiantes.
  • Éstos deberán comprometerse a darlos un buen uso.
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El ministro de Educación en el colegio vallisoletano Francisco Pino.
El ministro de Educación en el colegio vallisoletano Francisco Pino.
Ical

Más de 19.000 alumnos de quinto y sexto de Primaria de la región dispondrán este curso de un portátil gracias al programa Escuela 2.0 para digitalizar el aula.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmaron el convenio que durará cuatro años con un presupuesto de 45 millones. Se estima que en los cuatro años de vigencia del convenio se puedan beneficiar 80.000 alumnos de Castilla y León.

El ministro quiso dejar claro que el reparto de ordenadores no es «una distribución de juguetería», sino que se trata de crear nuevas formas de comunicación. En toda España se espera que en abril de 2010 haya 392.000 alumnos beneficiados por este programa.

El convenio dotará de recursos tecnológicos para los alumnos, los profesores y los centros y ofrecerá conexión a Internet. Aún se está estudiando cómo llegarán los portátiles a los alumnos, pero lo más probable es que los aparatos sean de titularidad de los centros educativos, que serán quienes se los cedan a los alumnos a través de una fórmula de usufructo, pero acompañada de un contrato de buen uso que especifique los compromisos.

Colegio Francisco Pino

El ministro, acompañado de otras autoridades, visitó después el colegio público Francisco Pino, en Parquesol, un centro ejemplar con unos 350 alumnos que cuenta con recursos humanos y materiales para escolares discapacitados.

Entre ellos, el sistema Iriscom, que permite a alumnos con parálisis cerebral manejar un ordenador a través del iris del ojo. El director del colegio, Pedro Palacios, indicó que la aplicación, existen tres en Valladolid, está inspirada en los cazas estadounidenses para apuntar a sus objetivos, algo así como el principio de «donde pongo el ojo pongo la bala».

Crucifijos

Por otro lado, Gabilondo consideró razonable la postura de la Junta, que defiende la autonomía de los centros a la hora de decidir si se retiran o no los crucifijos de las aulas. No obstante, confió en que la futura ley de libertad religiosa regule este tipo de situaciones.

«No sé cómo nos las arreglamos para convertir todo en ámbito de confrontación», reflexionó, tras la sentencia de Estrasburgo.

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