El alcalde de El Ejido estudia pedir libertad por "arraigo familiar, laboral y económico"

  • La defensa de Juan Enciso considera que este arraigo descarta que pueda intentar huir de la Justicia.
  • Descartan presentar recursos hasta que termine la instrucción del caso.
  • El juzgado encargado ha recibido funcionarios de refuerzo.

El letrado que ejerce la defensa del alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), y de cinco de las personas encarceladas por su presunta implicación en la trama de corrupción destapada por la operación 'Poniente', estudia elevar "en breve" un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería para pedir la libertad provisional del regidor al considerar que concurren en su situación condiciones de "arraigo laboral, económico y familiar" que descartan que pudiese evadir la acción de la Justicia.

Así lo han dicho los abogados Francisco y Miguel Ángel Torres a la espera de que la juez que instruye el caso ordene el alza del secreto decretado sobre las actuaciones y ante la imposibilidad de acceder a los hechos por los que se imputa a Enciso y al interventor municipal, José Alemán, delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

De momento, la defensa de ambos, y de 12 de los 20 detenidos por la Policía Nacional en El Ejido, Sevilla y Madrid, ha descartado la interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial para solicitar la puesta en libertad de sus patrocinados dado que continúa la compleja instrucción de unas actuaciones que superan ampliamente los 15.000 folios.

La juez Peña, para cuyo juzgado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ofrecido una comisión de servicio "de refuerzo" al tiempo que la Junta ha aprobado destinar a tres funcionarios con horas extra y jornada completa, ha ordenado en varias ocasiones en los últimos meses la prorroga del secreto decretado sobre el sumario que recoge los resultados de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2007 y de las escuchas telefónicas autorizadas el pasado mes de abril.

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