¡No a las listas de espera!

Acaba de conocerse que el Departament de Justícia de la Generalitat ha alertado que tiene «gravísimas dificultades» para aplicar las medidas alternativas a la prisión, acordadas por los jueces.
Ello se debe, fundamentalmente, al incremento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, de las últimas reformas del Código Penal, que los jueces pueden imponerla -sobre todo en los delitos de violencia de género- como alternativa a la pena de prisión (arts. 88.1, 153, 171.4 y 5, 172.2 del Código Penal, que autoriza a los jueces a sustituir las penas de prisión inferiores a uno o dos años con la pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, pudiendo sólo sustituirse la pena de prisión por la de trabajos en beneficio de la comunidad cuando se trate de delitos relacionados con la violencia de género (art. 88.1 tercero CP).

Así, dicho incremento de la referida pena puede constituir una solución parcial, al hacinamiento en las cárceles de personas que cumplen penas de prisión. Sin embargo, esta solución ha creado la dificultad de que la Administración penitenciaria catalana pueda efectuar con prontitud la determinación de los puestos de trabajo en beneficio de la comunidad como establece el artículo 2 del Real Decreto 690/1996, de 26 de abril; produciéndose la llamada «lista de espera», al parecer por la escasa colaboración de instituciones, entidades y organismos privados, que desarrollan actividades de utilidad pública o social, con los que la administración penitenciaria podría llegar a oportunos convenios.

Por ello, dichas entidades deberían sensibilizarse e implicarse, tal y como hicieron en su día con los objetores de conciencia, para evitar una vuelta a la imposición de la pena de prisión.

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