En un auto fechado el 11 de febrero, el TDC explica que el RAI no ha cumplido uno de los cuatro criterios que le había exigido para que siguiera funcionando, el que debía permitir a otros operadores acceder a sus bases de datos.

En estas bases figuran los clientes de bancos, cajas y cooperativas que no han devuelto los préstamos que habían solicitado a estas entidades a partir de los tres meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo (por lo que se les considera morosos).

Según se recoge en la resolución, el gestor del RAI se quejaba de que la exigencia que le hizo el TDC para que se abriera a otros operadores es "impracticable" porque, a su juicio, vulnera la legislación sobre protección de datos.

Además, argumentaba que el acceso a su archivo de los acreedores y de otras empresas de información de solvencia supondría el incumplimiento de los fines para los que se creó y haría "inviable" el funcionamiento de la empresa, "según está actualmente financiada".

El TDC ha resuelto que las normas de gestión y funcionamiento del RAI suponen una práctica restrictiva de la competencia según el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Con esta decisión, el TDC hace caso omiso del informe que le remitió el 16 de abril de 2003 el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), la primera instancia en cuestiones que afectan a la competencia entre las empresas. En dicho informe, el SDC sostenía que no consideraba la "apertura" a otros operadores un "requisito indispensable" para impedir que el RAI siguiera funcionando.

El Registro de Aceptaciones Impagadas, más conocido como RAI, es uno de los archivos legales de morosos más importantes de España, ya que en él introducen los datos unas 150 entidades financieras. El RAI comenzó a operar el 30 de diciembre de 1993 tras recibir la autorización del TDC.