«Hay 1.600 trabajadores de Justicia en Málaga que se dedican a tramitación, gestión y ejecución de sentencias. Creemos que faltan 100 más». El secretario de Justicia de CC. OO. en Málaga, José María Vico denuncia que la crisis económica está aumentando el colapso en los juzgados, pero que no se está ampliando el número de empleados para afrontarlo.

«Las medidas para modernizar la Justicia que propone la Junta no se están consensuando con los trabajadores. Sólo se informa a jueces y secretarios», subraya. La Consejería de Justicia afirma que no se margina de las consultas a los empleados.

CC. OO. sostiene que el atasco judicial se ha triplicado a causa de la crisis. Se basa en estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que detallan que las demandas por despido tramitadas han aumentado un 65%de 2007 a 2008; las ejecuciones hipotecarias por impago, un 161%; los concursos de acreedores (antigua quiebra de empresas), un 237%.

Por otra parte, la tasa de congestión en Málaga, un indicador del CGPJ, es levemente inferior a la media española en asuntos penales y civiles, mientras que la supera en los sociales y contenciosos (en esta última, el doble).

Y a la vez, la plantilla se resiente. El sindicato critica que la Junta no haya renovado los contratos de refuerzo temporal a 15 personas. «En su lugar, la Consejería quiere que unos 150 empleados hagan horas extra o se trasladen de un juzgado con menos carga a otro más congestionado», sostiene Vico. La Junta argumenta que los 15 contratos no renovados habían dejado de ser necesarios.

Temen un tapón al ejecutar las sentencias

Vico critica que no se haya determinado a qué parte del procedimiento judicial se destinarán los trabajadores trasladados o que hagan horas extra. Esto se deja a criterio del secretario del juzgado.

«En el pasado se produjeron atascos al ejecutar las sentencias porque se acabó con el tapón en los trámites previos, pero no se reforzó la ejecución de las condenas». CC. OO. señala que los refuerzos se destinarán a juzgados sociales, penales, mercantiles y servicios comunes.

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