Una asociación, que ha contado con financiación de la Generalitat de Catalunya y colabora con ella, ha presentado en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra, un informe pagado por el Gobierno vasco, cuando éste estaba presidido por Juan José Ibarretxe, en el que denuncia que en España se producen torturas en las detenciones de los miembros de la banda terrorista ETA.

Con motivo de la celebración de la 43 edición del Comité contra la Tortura en Naciones Unidas, que tendrá lugar entre el 2 y el 20 de noviembre, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) ha presentado un informe, que fue encargado por Joseba Azkárraga cuando era consejero de Justicia del Gobierno vasco en la anterior legislatura, en el que se concluye que la "tortura es un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados" y se refiere en concreto a los detenidos acusados de formar parte de ETA.

Se da la circunstancia de que la asociación que ha presentado el informe en la Comisión contra la Tortura, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos colabora con la Generalitat de Catalunya, tal y como aparece reflejado en su página web, donde figuran como colaboradores el Departamento de Interior a través de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Además, esta asociación ha contado con financiación de la Generalitat. Según publicaba en mayo de 2007 el DOGC (el BOE catalán), la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo le concedió en 2006 una subvención de 80.000 euros, con la finalidad de crear un "marco de colaboración para fomentar el proceso de codificación jurídica de Derecho Humano a la Paz, enfocado en el proceso de codificación de la ONU; de crear una institución física o virtual pero estable referida al derecho humano a la paz".

El citado trabajo, desarrollado por cinco médicos y dirigido por el profesor de Medicinal Legal de la UPV, Benito Morentín, se titula: Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: abordaje científico. Fue encargado y pagado por la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

En el informe se carga contra la "incomunicación de los detenidos" (precisamente una de las batallas que plantean todas las asociaciones vinculadas a ETA en Naciones Unidas), alegando que este es el momento en el que se produce el mayor número de casos de malos tratos; afirma que de los 1.231 detenidos en relación con ETA entre 2000 y 2008, 957 fueron incomunicados. De ellos 634 alegaron malos tratos o tortura y 634 personas interpusieron denuncia judicial.

Además, entre sus 88 páginas, se desgranan numerosos datos de denuncias para concluir que, de los 289 testimonios recogidos, los métodos más frecuentes son: golpes, posición anómala o forzada, plantón, exposición a ruido, asfixia por bolsa y extenuación física, entre otras. Los autores del texto señalan a la Guardia Civil como la que tiene más incidencias de este tipo y exculpan a la Ertzaintza, diciendo que no existen denuncias contra este cuerpo. Lo justifican por la actitud "más firme" del Gobierno vasco de entonces contra la práctica de torturas.