El Ministerio Fiscal ha solicitado hoy un año de cárcel por un delito de atentado contra un funcionario público y un mes de multa por una falta de lesiones para el padre acusado de haber agredido al director del colegio de Santander donde estudia su hija, que hoy ha reiterado que es inocente. El presunto agresor se ha declarado inocente y a su vez ha demandado al agredido

El padre y el director del colegio público Nueva Montaña han comparecido esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander en una vista previa que ha concluido sin acuerdo.

Por ese motivo, el juez instructor ha decidido trasladar el asunto al Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, donde se celebrará el juicio el día 27 de octubre, a partir de las 9.20 horas.

El fiscal ha solicitado además el archivo de la denuncia interpuesta por el padre contra el director del colegio, al que acusa de una falta de maltrato de obra.

El abogado del padre pide para el director del colegio una condena de seis días de localización permanente.

Al terminar la vista previa, que ha durado menos de cinco minutos, el padre se ha limitado a reiterar su inocencia y se ha disculpado ante los periodistas por no hacer declaraciones.

"Mal psicológicamente"

El director del colegio, quien ha recibido el apoyo expreso de la Consejería de Educación, tampoco ha querido dar detalles de lo sucedido porque, según ha explicado, está "mal psicológicamente" y no quiere ni "protagonismo" ni que se dé "publicidad" a este caso.

La supuesta agresión se produjo en un despacho del colegio y tiene su origen en la negativa del padre a que sus hijos cursen varias asignaturas obligatorias, por sus creencias religiosas.

Los hechos de los que se acusa al padre se juzgarán como un delito de atentado y no como una falta, porque el director del colegio tiene la consideración de funcionario público.

La Fiscalía General del Estado lo fijó así en una respuesta a una consulta de un órgano territorial, en la que estableció que las agresiones contra funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo tienen que tipificarse bajo esa figura de delito.

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