El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la grabación de las conversaciones privadas que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa y su actual abogado, José Antonio Choclán, se realizó al margen de la legalidad vigente, por lo que su incorporación al sumario "debe producir la nulidad del procedimiento".

El órgano que aglutina a todos los colegios de abogados españoles ha expresado a través de un comunicado su "absoluto rechazo a la violación del secreto profesional" en el marco del caso Gürtel, después de conocer que durante la primera fase de instrucción del caso -que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón-, se autorizó la grabación de conversaciones privadas entre presuntos implicados de la trama corrupta y varios de sus abogados.

El propio Cloclán ha anunciado que solicitará al órgano que actualmente investiga la trama, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  "la nulidad de las actuaciones" por las que considera "las escuchas ilegales" que se realizaron por orden del juez Baltasar Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.

"Contra el Estado de Derecho"

El CGAE entiende que "es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho" y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

Las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón se produjeron después de que el magistrado dictara un auto para autorizarlas cuando la defensa de Correa aún la llevaba Manuel Delgado Solís, presuntamente implicado en la causa, pero este dejó su defensa a otro letrado," pese a lo cual se realizaron sin anular el auto anterior ni emitir un nuevo auto que autorizase intervenir sus conversaciones"

Estas escuchas ilegales destaparon que Correa y Crespo trataron de controlar el procedimiento desde prisión. En una de las conversaciones intervenidas en el locutorio de la prisión, fechada el 2 de marzo de 2009, Correa y su abogado tratan cuestiones como el material comprometido y la coordinación de abogados "a nivel global", que importa "mucho que no haya fugas", porque "muchas veces, lo que perjudica una línea de defensa son las mismas".

En otra conversación, Crespo y su letrado hablan de controlar las relaciones con el juez y las fiscales del caso, teniendo en cuenta que Choclán es ex magistrado de la Audiencia Nacional y mantuvo relaciones profesionales con Concha Sabadell, una de las fiscales de la instrucción en el TSJM.