a nueva ley de lenguas que están tramitado las Cortes de Aragón, que recibió ayer el impulso definitivo para convertirse en norma, asume el catalán como una lengua propia de la comunidad, además del aragonés, que no serán cooficiales. De este modo, los colegios aragoneses de las zonas donde se habla estas lenguas estarán acreditados para fomentar su enseñanza y serán “materia integrante del currículo”, según la propuesta.

Cualquier usuario podrá utilizar estas lenguas para dirigirse a las instituciones, que deberán traducir todos los trámites al castellano.

El castellano seguirá siendo la única lengua oficial y los profesores serán capacitados para impartirlas de forma gradual y voluntaria.

Con esta nueva norma, la Administración adoptará el compromiso de que "fomentarán y garantizarán el uso, la enseñanza y el conocimiento de las lenguas propias de Aragón en las zonas de utilización histórica predominantes" según afirma la proposición de ley. Además, tanto el aragonés como el catalán podrán enseñarse fuera de las zonas de donde se ha hablado tradicionalmente en la medida en la que se demande y la DGA los promocionará públicamente.

El Consejo Superior de las Lenguas, marcará las normas que regirán el aragonés y el catalán, "respetando las peculiaridades de cada zona" y las zonas donde se protegerán, según la proposición de la ley, así como el nombre de las localidades.

La proposición de ley salió ayer adelante con los 35 votos a favor de PSOE, CHA e IU mientras que los 23 diputados del PP votaron en contra y los 9 del PAR se abstuvieron en el Hemiciclo aragonés. El PSOE señaló que se trata de proteger a “una amplia minoría” de aragoneses, mientras CHA señaló que esta ley debe ser “el punto de partida” para regular el aragonés y el catalán, e IU añadió que es “una aspiración” de quienes hablan ambas. El PAR subrayó “no queremos que se llame catalán” y el PP pidió que se calcule el gasto en traductores.