El Gobierno central quiere aprobar antes de que finalice esta legislatura una nueva ley que sirva de base para expulsar a los alcaldes de ANV. En el texto se explicitaría que aquellos alcaldes que hayan pertenecido a partidos ilegalizados o declarados ilegales mediante sentencia firme puedan verse expulsados en el ejercicio de su cargo.

El proyecto, según avanzó este jueves el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, estará finalizado antes de que expire la legislatura aunque luego depende del Parlamento que se tramita de forma inmediata. Respecto a las dudas legales sobre si la mera exhibición de carteles de presos de ETA es delito, el ministro se limitó a decir que «raya la paralegalidad».

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en el País Vasco anunció este jueves que requerirá en breve al Ayuntamiento de Hernani para que cese en su cargo a la alcaldesa de ANV, Marian Beitialarrangoitia. Esta exigencia se produce después de que la Junta Electoral Central haya declarado inelegible para cargo público a Beitialarrangoitia por estar condenada a siete años de inhabilitación por un delito de enaltecimiento, aun cuando la sentencia todavía no es firme.

Además, tal y como dijo este jueves el delegado del Gobierno central en Euskadi, Mikel Cabieces, si los concejales no atienden este requerimiento, les llevarán a los tribunales y podrían ser condenados por prevaricación.

Lo que no está claro, según la Ley Electoral, es quién debe sustituir a la alcaldesa, ya que todos los de la lista de ANV se supone que también podrían estar inhabilitados para asumir el máximo cargo en el ayuntamiento guipuzcoano.

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